La oposición en la Cámara de Diputados mantendrá su decisión de sesionar el jueves 15 de octubre para intentar rechazar el DNU 70/23 de Javier Milei, pese a que el reciente fallo de la Corte Suprema que restituyó provisoriamente la vigencia de la Ley de Tierras complicó las negociaciones para reunir el quórum. Aunque los bloques impulsores reconocen que hoy no tienen asegurados los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto, sostienen que darán la pelea parlamentaria.
La oposición insistirá con rechazar el DNU de Milei pese al fallo de la Corte por la Ley de Tierras
Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y la izquierda mantienen la convocatoria para el 15 de octubre, aunque reconocen que no tienen garantizado el quórum.
La convocatoria reúne a Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y legisladores de Argentina Federal, que consideran que el decreto de desregulación económica contiene disposiciones inconstitucionales y que debe ser rechazado por el Congreso. Sin embargo, la resolución judicial modificó el escenario político y redujo los incentivos de algunos bloques dialoguistas para acompañar la sesión.
Ante esa dificultad, los impulsores buscarán reforzar la convocatoria con otros dos temas de fuerte impacto social: la emergencia en discapacidad y una iniciativa para abordar el sobreendeudamiento familiar. Ambos asuntos habían sido incluidos en el temario para sumar apoyos más allá de las bancadas opositoras más duras contra el Gobierno.
El fallo de la Corte complicó los planes de la oposición
La restitución provisoria de la Ley de Tierras cambió las negociaciones que los bloques opositores venían desarrollando para conseguir el quórum. Antes de conocerse la decisión judicial, algunos legisladores de espacios dialoguistas habían comenzado a confirmar su participación en la sesión del 15 de octubre.
Con el nuevo escenario, parte de esos diputados ya no tendría los mismos incentivos para acompañar el rechazo al DNU 70/23, al menos en lo referido a las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En la oposición admiten que el fallo debilitó uno de los principales argumentos de la convocatoria, aunque insisten en que el decreto excede ampliamente esa cuestión.
En ese contexto, algunos sectores opositores apuntan a que la sesión también permita identificar a los legisladores que decidan no dar quórum, en una discusión que involucra la soberanía territorial y los límites a la extranjerización de tierras.
Qué otros temas estarán en discusión en Diputados
Además del rechazo al decreto, la oposición buscará que la convocatoria tenga como ejes la situación de las personas con discapacidad y el endeudamiento de las familias. La estrategia apunta a sostener el interés de los bloques que podrían acompañar esos proyectos, pero que mantienen diferencias con Unión por la Patria y la izquierda respecto del DNU.
El oficialismo, por su parte, formalizó una convocatoria a una sesión especial para el miércoles 21 de octubre al mediodía, con un temario que contempla esos dos asuntos y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que busca incorporar una versión atenuada de las disposiciones de la Ley de Tierras.
Para avanzar con esa iniciativa, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General tiene previsto reunirse el miércoles anterior para emitir dictamen. La propuesta apunta a incorporar parte del marco normativo sobre tierras dentro de un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado.
La disputa parlamentaria excede la regulación de la propiedad rural. El DNU 70/23 derogó la Ley de Alquileres y modificó numerosas regulaciones económicas, entre ellas las vinculadas con las empresas de medicina prepaga, las telecomunicaciones, las tarjetas de crédito y el comercio. También derogó las leyes de Góndolas, Abastecimiento y Compre Nacional, además de establecer una política de cielos abiertos para el transporte aéreo.
Por eso, el eventual rechazo del decreto representaría un revés para uno de los pilares normativos del programa económico del Gobierno.