Con Tadeo Berenguer al frente, autoridades, estudiantes, docentes, sindicatos y dirigentes políticos marcharon desde la Plaza 25 de Mayo hasta el Rectorado. La movilización se realizó en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La quinta Marcha Federal Universitaria tuvo su expresión en San Juan este jueves, con una movilización multitudinaria que reunió a distintos sectores de la comunidad académica y organizaciones políticas y sindicales. La columna partió a las 17.30 desde la Plaza 25 de Mayo, atravesó el centro de la ciudad y culminó frente al Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
Al frente de la marcha se ubicaron las principales autoridades de la UNSJ, encabezadas por el rector Tadeo Berenguer, junto con representantes gremiales y dirigentes universitarios. La convocatoria reunió a estudiantes de las distintas facultades y de la Escuela de Ciencias de la Salud, además de agrupaciones estudiantiles y referentes de diferentes espacios políticos.
Entre los sectores presentes estuvieron la CGT, la Juventud Peronista, las 62 Organizaciones Peronistas y las agrupaciones universitarias Ideas, Creando, HxT y La Marea. También participaron dirigentes del peronismo y de la izquierda, en una movilización que volvió a poner a la educación pública en el centro de la agenda política.
Estuvo el tres veces gobernador José Luis Gioja, el intendente de Ullum, David Domínguez, el jefe de Patria Grande, Eduardo Camus, la diputada provincial del PJ, Fernanda Paredes, el vocal del IPEEM, Andrés Chanampa, el excandidato a gobernador del MST, Cristian Jurado, el diputado massista Franco Aranda, entre otros.
El reclamo principal fue la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.
La movilización sanjuanina se inscribió en una jornada de alcance nacional, convocada para exigir que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma fue sancionada por el Congreso en 2025, pero su implementación quedó atravesada por el conflicto entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas.
El reclamo no se limita a los sueldos. Las universidades advierten sobre el deterioro de los recursos destinados a gastos de funcionamiento, becas, investigación, infraestructura y otras actividades académicas. Además, la discusión cobra relevancia en la antesala del debate por el Presupuesto nacional 2027, en el que las instituciones buscan que se contemplen los fondos necesarios para recuperar los recursos perdidos.
La quinta marcha se desarrolló, además, en un contexto de disputa judicial por la aplicación de la ley. El Gobierno nacional cuestionó las decisiones judiciales que ordenaron avanzar con parte de sus disposiciones, mientras el sector universitario insiste en que la norma debe cumplirse.
En San Juan, el reclamo tiene un correlato concreto en las cuentas de la universidad. La UNSJ aprobó para 2026 un presupuesto de más de $127.385 millones, que incluye aportes nacionales y recursos propios. Al presentar la planificación financiera, el secretario administrativo financiero, Ricardo Coca, advirtió que el presupuesto se encuentra por debajo de los niveles históricos de inversión, con una pérdida de capacidad para sostener las actividades de la institución.
Uno de los puntos señalados por las autoridades es el congelamiento de las partidas para gastos de funcionamiento. Según explicó Coca en declaraciones difundidas a comienzos de octubre, los fondos destinados a ese rubro permanecen prácticamente sin variaciones desde 2025, una situación que presiona sobre los recursos disponibles para mantener las actividades cotidianas de la universidad.
A ese escenario se suma el conflicto salarial, que repercute también en los colegios preuniversitarios y ha derivado en medidas de fuerza. La situación llegó a la Justicia Federal a través de una presentación impulsada por padres denominados autoconvocados que reclamaron la continuidad de las clases, en otro frente de tensión para la institución.
En los días previos a la marcha, la UNSJ había reforzado públicamente su reclamo por la aplicación de la ley. El martes 13 de octubre, docentes y especialistas realizaron una clase pública de Derecho Constitucional frente al Rectorado para analizar las obligaciones del Estado y las consecuencias del ajuste presupuestario sobre la educación superior.
