La pulseada judicial entre el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, y el empresario textil y dirigente liberal Sergio Vallejos sumó este jueves un movimiento clave: el cortista recusó sin causa a la jueza del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, en la demanda civil por daños y perjuicios iniciada por $60.000.000.
El escrito ingresó vía virtual, el miércoles a las 15, en el límite del plazo legal para interponer el recurso. Con esa decisión, Tettamanti deja de intervenir en el expediente y, en las próximas horas, se realizará el sorteo de rigor para definir al nuevo magistrado que quedará al frente del trámite.
El dato no es menor: Lima utilizó el mismo mecanismo procesal que antes había empleado Vallejos, cuando recusó sin causa al juez Luis Arancibia, del Tercer Juzgado Civil, donde había recaído inicialmente la causa. Tras aquel movimiento, el expediente pasó al Contencioso Administrativo y quedó bajo la órbita de Tettamanti, ahora también apartada.
Tal como anticipó DIARIO DE CUYO, el equipo legal del ministro analizaba la posibilidad de recusar a la magistrada. El fundamento —aunque el recurso no exige expresar motivos— remite a un antecedente sensible: Tettamanti tuvo vinculación directa con la causa La Superiora, uno de los ejes de los pedidos de juicio político que, en su momento, se impulsaron contra Lima y otros integrantes de la Corte y que no prosperaron en la Legislatura. En ese marco, la jueza fue citada por la Sala Acusadora para prestar declaración junto a la exjueza María Josefina Nacif.
La causa Lima–Vallejos había ingresado recientemente en una instancia de conciliación, previa a un litigio pleno. La propia Tettamanti había confirmado a este diario que “el Código Procesal Civil establece que la asistencia de las partes y de sus letrados es obligatoria”, y había detallado el derrotero procesal: audiencia inicial para intentar un acuerdo; si fracasa, apertura a prueba y audiencia final, con un nuevo intento conciliatorio, para luego pasar a sentencia.
El origen del conflicto se remonta al 14 de noviembre, cuando Lima demandó a Vallejos por la afectación a su “buen nombre y honor” tras dos pedidos de juicio político impulsados por el empresario ante la Legislatura. La acción, patrocinada por el abogado Marcelo Miranda Marini, no solo reclama una reparación económica, sino también una declaración de inexactitud objetiva: que el juez confronte los escritos de Vallejos con pruebas para exhibir —según la postura del demandante— la falsedad de los hechos denunciados.
Los planteos políticos fueron rechazados y archivados por unanimidad en la Cámara de Diputados. Para la defensa del cortista, se trató de un uso abusivo del instituto del juicio político. Vallejos, en tanto, negó haber causado daño moral y, a través de su apoderado, el exjefe de Asesores del bloque de Producción y Trabajo en la Legislatura, José Becerra, sostuvo que la demanda es una represalia por su rol en la impugnación de la candidatura de Sergio Uñac en 2023, que terminó con la inhabilitación del entonces gobernador por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.