En medio de la discusión nacional por la posible baja de la edad de responsabilidad penal, el juez de Menores de San Juan, Jorge Toro, aportó datos concretos sobre la realidad provincial y advirtió que sin políticas públicas integrales “no va a bajar el delito”.
En una entrevista con Radio Sarmiento, el magistrado planteó que el debate suele centrarse exclusivamente en la edad de imputabilidad, dejando de lado el análisis de fondo. “Reducimos siempre la discusión a la baja de la edad de responsabilidad penal y no vamos más allá: qué políticas públicas queremos realmente”, señaló.
Toro fue contundente con las estadísticas locales: la incidencia del delito juvenil en el total de hechos registrados en San Juan “es muy baja, no llega al 1%”.
Según explicó, en la franja de menores de 18 años se identifican entre 700 y 800 autores por año, contabilizando delitos, faltas y contravenciones. Sin embargo, destacó que entre el 75% y el 76% de esos jóvenes no vuelven a delinquir. Si se mide por hechos y no por personas, la cifra de no reincidencia se acerca al 90%.
El problema, advirtió, está concentrado en un grupo reducido: alrededor del 10% de los chicos reiteran conductas delictivas. “Ese chico que le roba al vecino, que empieza a cometer delitos de mayor gravedad, el Estado lo conoce. Lo conoce la escuela, lo conoce Niñez, lo conoce el área de adicciones”, afirmó.
Para el juez, el debate de fondo no es “si la edad baja a 14, 11 o 10 años, sino si existen políticas públicas articuladas para intervenir a tiempo”. Según describió, muchos de estos adolescentes ya han tenido contacto previo con instituciones estatales, pero las intervenciones fracasan por falta de contención familiar o coordinación entre áreas.
“Si no hacemos un trabajo serio que involucre también a la sociedad y a la comunidad, va a ser difícil que ese chico deje esa trayectoria del delito”, sostuvo.
También explicó que, si se toma la franja etaria de 14 y 15 años —la que suele estar en el centro del debate—, la participación en delitos graves es “bajísima”. En términos generales, estimó que aproximadamente el 25% de los hechos anuales podrían involucrar a menores dentro de esa franja, aunque aclaró que muchos delitos son cometidos reiteradamente por el mismo grupo reducido.
“Bajar la imputabilidad no baja el delito”
Toro fue categórico al cerrar su análisis: “Que baje la imputabilidad no baja el delito”. Según argumentó, sin herramientas preventivas, educativas y sociales que aborden la problemática estructural —deserción escolar, consumo problemático y falta de contención familiar—, el circuito penal solo termina absorbiendo una realidad que no logra modificar.
Además, expresó su preocupación por un eventual regreso a un modelo centrado casi exclusivamente en la Justicia, desplazando el protagonismo de quienes deben diseñar e implementar políticas públicas preventivas. “El responsable de generar herramientas para que ese chico no caiga en el delito no es el juez, son las políticas públicas”, concluyó.