El presidente Javier Milei formalizó el pedido para que el juez federal Leopoldo Jorge Rago Gallo continúe al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan por un nuevo período de cinco años, luego de haber alcanzado los 75 años, límite que fija la Constitución Nacional para el ejercicio del cargo sin un nuevo acuerdo del Senado.
Milei dio el OK a la prórroga de Rago Gallo para seguir en el Juzgado Federal N°2 y envió la comunicación al Senado para el debate
El juez Leopoldo Rago Gallo pidió continuar en la Justicia Federal por cinco años más. El presidente Javier Milei instruyó al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para hacer la presentación de rigor.
La solicitud quedó plasmada en el mensaje MEN-2026-139-APN-PTE, fechado el 8 de mayo de 2026 y remitido al Senado de la Nación. En el documento, firmado digitalmente por Milei y por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo correspondiente “con el fin de posibilitar un nuevo nombramiento” del magistrado sanjuanino.
El texto enviado a la Cámara alta señala que el pedido se realiza “en los términos del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional”, mecanismo previsto para los jueces que desean seguir en funciones una vez alcanzada la edad constitucional.
El expediente ingresó formalmente al Senado el 11 de mayo, según consta en el sello de Mesa de Entradas de la Cámara alta. Ahora, el trámite deberá atravesar el análisis legislativo para que Rago Gallo obtenga un nuevo acuerdo y pueda continuar en el cargo hasta 2031.
La situación del magistrado sanjuanino es similar a la de Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia nacional. En ese caso, el propio Milei ya remitió el pliego al Senado para habilitar la continuidad del integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, trámite que incluso ya obtuvo dictamen.
En el entorno judicial entienden que el camino legislativo de Rago Gallo no debería presentar mayores obstáculos. El juez mantiene una buena relación política e institucional con Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y una de las figuras de mayor peso dentro del oficialismo.
Esa sintonía tiene antecedentes públicos. En 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, Rago Gallo elogió la política nacional contra el narcotráfico y habló de una “fuerte decisión” del Gobierno nacional en la materia. En ese momento, Bullrich ocupaba el Ministerio de Seguridad y el juez aseguró mantener contacto con la funcionaria, quien —según afirmó— seguía de cerca los resultados de los operativos en San Juan.
El pedido de continuidad del magistrado ya había quedado oficializado previamente mediante una publicación en el Boletín Oficial, en el marco del reglamento aprobado por el Ministerio de Justicia en 2024 para este tipo de procesos. La normativa contempla una instancia de participación ciudadana antes del tratamiento legislativo.
De acuerdo al procedimiento vigente, desde la publicación oficial se abrió un plazo de cinco días hábiles para que organizaciones civiles, colegios profesionales y entidades vinculadas al ámbito judicial y de derechos humanos puedan presentar observaciones, apoyos u objeciones respecto de la continuidad del juez. Las presentaciones deben ser fundadas y acompañadas por una declaración jurada de objetividad.
La continuidad de Rago Gallo adquiere relevancia en San Juan por tratarse de uno de los magistrados federales con mayor nivel de exposición pública y con una trayectoria atravesada por causas sensibles y episodios controversiales.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2013, cuando junto al juez federal Miguel Ángel Gálvez autorizó el traslado para atención médica de los condenados por delitos de lesa humanidad Antonio Olivera y Gustavo De Marchi al Hospital Argerich. Ambos se fugaron durante esa salida, en un episodio que generó fuerte impacto político y judicial.
A raíz de ese caso, Rago Gallo fue denunciado en 2016 por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la Comisión de Disciplina y Acusación desestimó la presentación al concluir que la responsabilidad recaía sobre el Servicio Penitenciario.