A escasas horas de la sesión del Consejo de la Magistratura para la confección de la terna de candidatos a la jefatura del Ministerio Público (Fiscalía y Asesoría Oficial), el Gobierno provincial sostiene el hermetismo que manejó en las últimas semanas. Este martes, los cinco integrantes del cuerpo se verán las caras después de varios dimes y diretes -de índole político- que dilataron la reunión. Prima la tensión y la expectativa respecto a los nombres para el cargo vitalicio que mueve los hilos del sistema acusatorio.
La muerte del fiscal General, Eduardo Quattropani, más conocido en los ámbitos de poder como Jimmy, disparó el sucesorio. El 21 de julio, el corazón del eterno dueño del Ministerio Público dejó de latir. Dejó una vacante difícil de llenar tanto en términos formales como políticos. Principalmente porque tuvo un estilo de confrontación directa con la Corte de Justicia a través de un nivel de operación mediática interesante.
Quattropani llegó al cargo cuando la Fiscalía General era un raviól más en la estructura estatal de la Justicia sanjuanina. En 1993, un acuerdo entre el exgobernador peronista Jorge Escobar y los líderes del bloquismo -Leopoldo Bravo- y de la Cruzada Renovadora -Alfredo Avelín- catapultaron a Jimmy al sillón del Ministerio Público. Con el paso de los años y, sobre todo, con el relativamente reciente cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, fue tomando cuerpo y ganando poder.
Este martes, el Consejo de la Magistratura debatirá los nombres de los 33 profesionales que se postularon para el cargo. Es un órgano extrapoder del Poder Judicial que tiene una nata vinculación política. El presidente, el cortista Juan José Victoria, quien debería responder a la corporación de la Corte, pero tiene un margen de acción particular. En tanto, la ministra de Gobierno, Laura Palma, tiene la tarea de ser la voz del Ejecutivo. Mientras que la diputada Fernanda Paredes además de ser la referente del Legislativo, tiene como jefe al senador Sergio Uñac. Por su parte, los matriculados Raúl Acosta y Valeria Torres son los representantes de la Abogacía, electos a través de los comicios del Foro de Abogados.
Inicialmente, hubo un consenso tácito sobre la renovación del titular de la Fiscalía General. El oficialismo provincial cuenta con los votos en la Cámara de Diputados de San Juan para nombrar al próximo jefe de los fiscales. Ergo, el peronismo mantuvo sus apetencias al margen. No tanto por no querer jugar, sino porque la correlación de poder en la Legislatura no es favorable. El bloquismo, entretanto, colaborador activo y socio electoral del Gobierno local, desistió de integrar a un alfil propio entre los anotados, aunque continúa en la rosca para dar un espaldarazo al postulante que tenga sintonía oficialista.
Los 33 candidatos a suceder a Jimmy Quattropani son todos personajes conocidos del Poder Judicial. Hay jueces, abogados, fiscales, profesionales de carrera, políticos. Pero desde hace tiempo sólo suena un nombre: Baigorrí, Baigorrí y Baigorrí. ¿Será? El camarista laboral tuvo un envión originado en su procedencia política. Fue presidente del partido Producción y Trabajo, senador electo en el 2011 y renunció para que asumiese su jefe, el empresario Roberto Basualdo, mentor del gobernador Marcelo Orrego. Sin embargo, los sucesivos contratiempos en el debate de la Magistratura dieron que hablar.
El camarista no tuvo el OK después de las entrevistas del Consejo. Es una especulación el porqué. Otros asignaron el retraso en las reuniones de la Magistratura porque el justicialismo había decido ingresar en la pulseada. No obstante, fuentes calificadas indicaron que el senador Uñac no tiene la intención de competir: “No está jugando, está haciendo un barrido por los departamentos sanjuaninos durante la campaña y está enfocado en el armado de Primero la Patria en Buenos Aires”. ¿Entonces? Hubo un episodio: el dolor de estómago de la matriculada Torres.
Quizá el nudo gordiano está en los dos referentes del Foro que no ven a Baigorrí con los mejores ojos. Torres es peronista, de acuerdo a las fuentes tiene un “compromiso ideológico”, militante de la extinta Agrupación de Abogados Justicialistas y esposa del litigante Roy Kirby. Acosta, que tiene menor tenor ideológico o partidario, aunque puede recibir instrucciones del exasesor Letrado y actual juez de Paz, Carlos Lorenzo. Pero es una cuestión de mero análisis. No sucedió en ternas anteriores. El antecedente inmediato es la composición de los tres nombres que decantaron en la elección de la jueza de Familia, Silvana Romero Meglioli. Primó el perfil técnico, no político.
Aparentemente, el orreguismo tiene como Plan B al fiscal Ignacio Achem, hermano del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. ¿Alguna vez alguien del Gobierno dijo algo referido a Achem o Baigorrí? No. No sólo en términos público. También hubo silencio en los off the record. Apenas surgieron las especulaciones, la Casa de Gobierno pidió moderación a los comentarios de radio-pasillo. Incluso trascendió una especie de Plan C con Matías Senatore. En honor al rigor periodístico, no hubo comunicaciones al respecto. Cabe la posibilidad de que todo sea un mascarón de proa. Lo mismo corre para el bancario Daniel López.
La ministra Palma, en rueda de prensa, señaló el perfil del próximo fiscal General. “El fiscal general tiene una competencia mucho más amplia. No solamente debe tener conocimiento jurídico, sino también esa capacidad de liderazgo para manejar equipos, tomar decisiones correctas y trabajar de manera coordinada con los otros poderes del Estado”, afirmó. “A mí no me interesa el apellido ni los vínculos con un partido u otro. Creo que puede ser una persona muy capaz, independientemente de su familiar o filiación política”, sentenció.
Entonces, quizá haya un mandato del Ejecutivo sobre Baigorrí y Achem, pero también está la chance de que la terna pase por otro lado. Es un escenario abierto con un horizonte de sentido previo plagado de intrigas. ¿Un tapado? ¿Un batacazo? De no mediar dolores de panza, cabeza o problemas puntuales, el martes habrá terna y las especulaciones pasarán a la órbita legislativa, que definirá después de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre.