La suspensión de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino en Caucete generó otro conflicto en la larga saga de peleas entre el Ejecutivo y los concejales. Luego de que la intendenta Romina Rosas responsabilizara de manera directa al Concejo Deliberante por la caída del tradicional evento, un concejal del orreguismo salió a refutar con dureza esa versión y aseguró que el argumento oficial “es falso” desde el punto de vista legal y administrativo.
Se trata de Emanuel Castro, edil de Cambia San Juan, quien en una entrevista con DIARIO DE CUYO desarmó punto por punto las acusaciones de la jefa comunal y sostuvo que el Ejecutivo municipal cuenta con las herramientas y los recursos necesarios para realizar la fiesta, aun sin la aprobación del Presupuesto 2026.
“La intendenta dice que la fiesta no se hace por culpa del Concejo porque no se aprobó el Presupuesto 2026, pero eso es falso”, afirmó Castro, al tiempo que explicó que la propia Carta Orgánica Municipal prevé un mecanismo automático para estos casos.
Según detalló, tanto la ordenanza de Presupuesto 2026 como la Tributaria 2026 fueron enviadas por el Ejecutivo “en la última sesión ordinaria de diciembre” y ni siquiera figuraban en el orden del día, ya que ingresaron “por el artículo 109, para tratamiento sobre tablas”. Ante ese escenario, el Concejo resolvió girar ambos proyectos a comisión para su análisis.
Pero el punto central de la discusión, remarcó el concejal, es que la falta de sanción del Presupuesto no implica la paralización financiera del municipio. “El artículo 36 de la Carta Orgánica establece que, si al primero de enero no hay presupuesto aprobado, se reconducen automáticamente las partidas del presupuesto vigente, es decir, el del año anterior”, explicó.
En ese marco, Castro fue categórico: “Presupuesto hay. Lo que no hay son las modificaciones de las nuevas partidas del proyecto nuevo. Eso no quiere decir que no tengas dinero ni partidas para realizar la fiesta”. Incluso subrayó que el presupuesto prorrogado “contempla la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino y prevé varios millones de pesos para ese fin”.
Para reforzar su argumento, el edil recordó un antecedente inmediato que deja al descubierto, según su visión, la inconsistencia del planteo de Rosas. “En 2025 la fiesta se hizo con el presupuesto 2024 prorrogado. Es exactamente la misma situación que ahora. Ella ya hizo la fiesta en estas condiciones y hoy se queja de que no puede hacerla”, señaló.
Desde el Concejo, además, rechazaron la idea de una supuesta obstrucción deliberada. Castro aseguró que hubo intentos de diálogo previos a la última sesión ordinaria, pero que no obtuvieron respuesta del Ejecutivo. “Dos concejales fueron a intentar hablar con ella y no tuvieron respuestas favorables”, indicó.
En cuanto a la ordenanza tributaria, otro de los puntos de conflicto, el concejal aportó un dato político clave: “Hace seis años que estoy en el Concejo Deliberante y es la primera vez que envía una ordenanza tributaria. En los cinco años anteriores siempre prorrogó la vigente”. Además, recordó que cualquier modificación impositiva requiere doble lectura, audiencia pública y plazos mínimos que hacen “inviable” su aprobación sobre el cierre de diciembre.
La tensión institucional se da en un contexto de fuerte enfrentamiento político. Rosas perdió el control del Concejo tras el recambio de autoridades que dejó la presidencia en manos de Franco Buffagni, un peronista disidente de la conducción municipal, con el respaldo del orreguismo. Desde entonces, el Ejecutivo no logró alinear al cuerpo deliberativo y en la última sesión incluso los tres ediles que responden a la intendenta se ausentaron.
Para Castro, el trasfondo es claro: “Trasladar la responsabilidad al Concejo Deliberante por la no realización de la fiesta es totalmente erróneo. Esto es más una estrategia política de confrontación que un problema técnico, legal o administrativo”.