Un relevamiento realizado por Ruido y CONNECTAS en las 23 provincias del país y CABA que publica el portal Chequeado, analizando los vínculos políticos de los jueces de las Cortes Supremas de cada jurisdicción arrojó como resultado que “el 64% tuvieron nexos con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados en sus cargos”.
Esto indica que de “los 138 magistrados que ocupan los máximos tribunales, 88 registran algún nexo político y/o laboral previo con funcionarios y/o gobiernos locales antes de ocupar esos cargos”.
El informe hace hincapié en se destacan situaciones que no asombran como que “una jueza de la Corte Suprema sea la sobrina del gobernador. O que ese cargo sea ocupado por un ex ministro del mismo mandatario que lo propuso para integrar el máximo tribunal local. O que otro juez llegue al tribunal superior sin haber pasado por la carrera jurídica, solo por haber sido abogado personal de un gobernador, o diputado por el partido oficialista”.
Datos que arroja el análisis en La Rioja, Catamarca, Santa Fe o Formosa, dicen y remarcan que “no son casos aislados, sino muestras de una situación frecuente que expone la estrecha relación entre el poder político y quienes ocupan las Cortes Supremas de las provincias argentinas”.
Dentro del extenso informe dedican a la Corte Suprema de San Juan un apartado detallando desde dónde llegaron cada integrante del máximo tribunal de la provincia y junto con la corte de Tucumán, la señalan como “casos emblemáticos” por su accionar en 2023.
“Tanto la Cortes tucumana como la sanjuanina admitieron la postulación de Juan Manzur (Unión por la Patria) y de Sergio Uñac, respectivamente. La avanzada sólo se pudo frenar con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó en contra de lo que habían resuelto los tribunales superiores de ambas provincias”, escribieron y luego detallan:
“En San Juan, los 5 jueces de la Corte tienen vínculos previos con el poder Ejecutivo. Además, los cinco magistrados fueron designados durante gobiernos peronistas, el mismo signo político bajo el cual trabajaron: Adriana García Nieto fue asesora letrada de gobierno y subsecretaria general de la gobernación; Daniel Olivares Yapur fue diputado provincial; Juan José Victoria asesoró a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Santa Lucía y fue fiscal general de la Municipalidad de Rawson; Guillermo de Sanctis fue fiscal de Estado, ex diputado y ex ministro de Salud; y Marcelo Lima fue vicegobernador e intendente de San Juan”.
El informe hace la salvedad de que el pasado político o laboral de los magistrados “no significa necesariamente que los magistrados obedezcan a sus antiguos vínculos, refuerza una percepción sobre la debilidad con la que los poderes judiciales investigan (o dejan de hacerlo) al poder provincial”.
En Argentina, la designación de los jueces de las Cortes provinciales (o Superiores Tribunales de Justicia) combina una nominación por parte del poder ejecutivo provincial y un posterior acuerdo del legislativo, aunque los detalles específicos varían entre las jurisdicciones.