El fenómeno de El Niño abre un escenario de contrastes para San Juan. Después de décadas de sequía, las mayores precipitaciones y nevadas representan una oportunidad para recuperar los niveles de los embalses, generar energía hidroeléctrica y mejorar la disponibilidad de agua para la producción agropecuaria. Sin embargo, esa misma abundancia puede convertirse en un problema para la minería, especialmente para los emprendimientos ubicados en la alta cordillera, y elevar el riesgo de aludes, desprendimientos de rocas, deslizamientos y crecidas.
Así lo explicó Silvio Pastore, director del Gabinete de Estudios de Geocriología, Nivología y Cambio Climático del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), durante una entrevista con Radio Colón. El especialista puso el foco en las consecuencias económicas y ambientales de un fenómeno climático cuya intensidad calificó como extraordinaria por la escasa frecuencia con la que se presentan condiciones de esa magnitud.
Uno de los sectores que sentirá el impacto es la minería metalífera. Pastore señaló que Veladero tendrá que destinar más recursos al mantenimiento de los caminos de acceso, afrontar posibles interrupciones por cortes y operar con limitaciones cuando las condiciones impidan el funcionamiento pleno de la planta. El resultado, según anticipó, será un incremento de los costos de producción y una posible reducción de la cantidad de onzas de oro previstas.
"Le va a salir más caro producir una onza de oro", resumió el especialista al describir el escenario que puede afrontar el emprendimiento minero. La explicación es que las mayores nevadas y precipitaciones pueden complicar la transitabilidad de los caminos cordilleranos, dificultar las tareas de mantenimiento y provocar jornadas en las que la operación no alcance su capacidad habitual.
El impacto, por lo tanto, no será uniforme. Mientras la disponibilidad de agua puede favorecer a actividades productivas ubicadas aguas abajo, la minería en altura tendrá que afrontar mayores exigencias operativas. Para Pastore, esa diferencia muestra cómo un mismo fenómeno climático puede generar beneficios en un sector y pérdidas en otro.
Cuándo llegará el período más crítico
El calendario es una de las claves para dimensionar el riesgo. Según Pastore, el mayor caudal de los ríos sanjuaninos se registra históricamente durante diciembre y enero, una época que podría coincidir con las precipitaciones líquidas asociadas a El Niño.
La combinación de ambos factores es la que más preocupa. Si a los ríos con un importante volumen de agua se suman lluvias intensas en períodos cortos, aumentan las posibilidades de crecidas repentinas y flujos de gran intensidad.
"El mayor riesgo va a estar a mediados de diciembre y enero, febrero", advirtió el investigador al referirse al período en el que podrían superponerse los picos de caudal de los ríos con las precipitaciones sobre los valles.
El riesgo no se limitará a los departamentos cordilleranos. También podría alcanzar al Gran San Juan y a las zonas pobladas de los valles. Pastore aclaró que no necesariamente tiene que llover más que en otros años para que se produzcan consecuencias importantes: una posibilidad es que precipitaciones de volúmenes similares a los históricos se concentren en menos tiempo y en sectores puntuales.
Ese comportamiento podría generar escorrentías más intensas, con consecuencias sobre caminos, infraestructura y poblaciones. A ello se suman otros procesos naturales, como la caída de rocas y los deslizamientos de laderas, que pueden afectar rutas y vehículos.
El especialista mencionó como ejemplo una noticia sobre un desprendimiento de rocas en la ruta hacia Barreal que impactó sobre un vehículo. Aunque dijo desconocer el origen concreto de ese episodio, lo utilizó para ilustrar los riesgos que pueden agravarse en un escenario de mayor humedad y precipitaciones.
El Niño podría extenderse más allá del verano
Pastore explicó que el fenómeno se origina en el aumento de la temperatura superficial del océano Pacífico en la zona ecuatorial. Cuando esa temperatura se ubica por encima del promedio, se configura un período de El Niño, mientras que las condiciones por debajo de la media se asocian con La Niña.
Durante la entrevista, el investigador señaló que la temperatura del Pacífico se encontraba cerca de 2,5 grados por encima del promedio y que, si superaba ese umbral, se trataría de un episodio extraordinario. La calificación no implica que nunca haya ocurrido antes, sino que se trata de una condición de baja frecuencia en escalas de tiempo humanas.
En Sudamérica, ese patrón puede favorecer mayores precipitaciones en una franja que abarca desde el sur de Ecuador y el norte de Perú hasta el norte de Chile y sectores de la Argentina, entre ellos La Rioja, San Juan y Mendoza, con extensión hacia la Patagonia.
Para la provincia, el cambio de las condiciones climáticas puede significar una pausa en el ciclo de sequía de las últimas décadas. Sin embargo, el alivio hídrico no implica que todos los efectos sean positivos ni que los problemas estructurales de disponibilidad de agua queden resueltos.
El especialista estimó que el fenómeno podría mantenerse hasta febrero o marzo. Desde ese momento, el riesgo asociado a los picos de caudal y a las precipitaciones debería comenzar a disminuir. No obstante, advirtió que la alteración meteorológica podría prolongarse durante más de un año, incluso con una intensidad menor.
Infraestructura y prevención, las prioridades
Frente a este panorama, Pastore sostuvo que la preparación debe concentrarse en proteger la infraestructura pública esencial: caminos que garantizan el acceso a las poblaciones, redes eléctricas, acueductos y sistemas de evacuación de aguas residuales.
El objetivo, planteó, es evitar que los eventos naturales deriven en cortes prolongados de servicios, localidades aisladas o problemas de abastecimiento. También señaló la importancia de impedir que el agua transportada por canales de riego se sume a la que cae por las lluvias cuando se producen roturas, lo que podría agravar las consecuencias de una tormenta.
El investigador diferenció esa responsabilidad pública de los riesgos que asumen los emprendimientos privados que se instalan en zonas potencialmente inundables. A su entender, la prioridad del Estado debe ser garantizar la seguridad de la población y la continuidad de los servicios vitales.
