Una de las principales impulsoras en el reclamo de soluciones a la seguridad en edificios del Poder Judicial fue la fiscal de Cámara en lo Penal Alicia Esquivel Puiggrós. Lo hizo verbalmente ante el jefe de los fiscales para que solicite medidas a la Corte de Justicia, el mismo jueves, apenas se conoció el problema del ataque al acusado del juicio en el que ella interviene. Ayer elevó sus reclamos por escrito y se contactó con el presidente del Colegio de Magistrados, Roberto Pagés, con la idea de concretar también una reunión de esa entidad con el presidente de la Corte de Justicia, José Abel Soria Vega.
En el escrito elevado ante el Fiscal General Eduardo Quattropani, la fiscal solicita (como anticipó este diario) la “urgente implementación de medidas de seguridad en el edificio de Tribunales y en los edificios donde funciona el Ministerio Público”, es decir donde trabajan los fiscales, defensores oficiales y demás personal judicial.
“Los hechos de violencia con arma ocurridos en el día de ayer (por el jueves) en el edificio y que han tomado estado público, no hacen más que poner de resalto la total desprotección con la que trabajamos y el riesgo que a diario corre nuestra vida y seguridad personal. Resulta inaudito que ingresen al edificio personas no identificadas ni palpadas de armas, máxime cuando en el mismo se ventilan juicios por graves hechos que tienen involucrados a peligrosos delincuentes, cuyas conductas y la de sus familiares, amigos o cómplices es impredecible”, destaca la fiscal.
Y concluye: “Los tiempos que corren y la inseguridad generalizada obligan a las autoridades a comprometerse en la planificación estratégica de la seguridad en los edificios públicos, como lo son los del Poder Judicial, y a la puesta en marcha de drásticas y concretas medidas de prevención, ejerciendo así debidamente el poder de Policía que les compete”, en alusión a la Corte de Justicia.
