El Gobierno provincial mostró ayer su satisfacción y alivio por el fallo de la Justicia chilena que habilita a la compañía a seguir con los trabajos una vez corregidos los daños medioambientales, según informaron fuentes oficiales al cierre de esta edición. Es que la noticia aleja el fantasma de la paralización definitiva que hubiera significado una gran pérdida de empleos -de unos 10 mil trabajadores- y el consecuente impacto en las empresas proveedoras. No obstante, como la obra seguirá a ritmo más lento, se estima que al menos unos 2.000 obreros serán insertados en el plan de obras públicas que lanzó el Gobierno para el segundo semestre, que incluyen la construcción de 1.000 casas. La compañía ya informó la reducción en el equipo del proyecto, en la medida que la construcción se extenderá hasta mediados de 2016. Eso implicará además una reducción de gasto de capital entre 2013 y 2014 de unos U$S1.800 millones.
