“Acá es muy importante recalcar que la provincia de San Juan es la primera y la única en dar cumplimiento a este punto que plantea la ley, el de generar un ente que coordine las auditorías ambientales’’, explicó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. El Funcionario es la cara visible de la estrategia judicial del Gobierno provincial y quien le dio forma, junto al Gobernador, al articulado que contiene el decreto 1.246 que firmó ayer el propio Gioja. Según agregó De Sanctis, entre los artículos que entran en vigencia, tras la revocación de las medidas cautelares, figuran el número 15 de la Ley 26.639, que establece que las actividades desarrolladas en la cordillera, en ejecución en el momento de la sanción de la ley, deberán someterse a la auditoría ambiental.
