Tras la decisión de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de declarar la ilegalidad de las asambleas realizadas los días 9, 10 y 13 de enero por el Sindicato Médico por considerar que fueron paros parciales que afectaron un servicio esencial, como es la atención de la salud, el titular de la organización gremial, Daniel Sanna, manifestó su disconformidad. “Es una falta a la verdad porque todos los servicios esenciales han estado garantizados y tenemos las planillas de atención en las que consta esto que decimos”. Y agregó que analizan iniciarle una acción penal al subsecretario Roberto Correa Esbry “por persecución sindical”. La declaración de ilegalidad implica dos caminos. El primero instruir al Departamento Jurídico del organismo para que dictamine si corresponde cobrarle una multa al gremio, que va de los 1.000 a los 5.000 pesos por trabajador que adhirió a la medida de fuerza. Y el segundo fue comunicar al Ministerio de Trabajo de la Nación para que decida si hay motivos para quitarle la personería a la institución que agrupa a los profesionales de la salud.
