El blanqueo de los trabajadores temporarios en la provincia -que suman unos 40 mil en época de cosecha- parece que está cerca de ver la luz. Ayer, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, aseguró delante de un auditorio repleto de funcionarios y empresarios que “muy pronto voy a venir a firmar el acuerdo junto con el gobernador Gioja”, dichos que fueron muy bien recibidos por las cámaras empresarias locales.
La Ley de Corresponsabilidad Gremial es el brazo de aplicación que se tiene para la regularización del trabajo informal rural en la provincia que involucra cosechadores de uva, aceituna, cebolla y el ajo, que hoy por hoy no gozan de ningún tipo de asistencia social.
A fines del año pasado, 12 cámaras locales del agro acordaron una cifra sustitutiva en concepto de aportes y contribuciones laborales para el obrero de cosecha: 350 pesos, casi la mitad de lo que paga cualquier otro empleador, con la ventaja además que se saldaría cuando el empleador venda su cosecha. El RENATRE salió a criticar el valor propuesto por considerarlo bajo, argumentando que se “beneficiaba a un sector que durante mucho tiempo “negreó´ al obrero rural”.
La coyuntura dilató la firma del acuerdo -sólo se está cosechando aceitunas- y posterior homologación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Noemi Rial aclaró que “vamos a hacer un esfuerzo para que la tarifa que tenga que pagar el empleador sea de 360 pesos (10 pesos más, por seguro de sepelio). Esto esta muy avanzado y lo vamos a firmar pronto. El resto del aporte lo va a padecer la Nación. Falta terminar de ensayar el texto definitivo y que todas las partes estén de acuerdo, pero ya se avanzó mucho”, y agregó que “este sector -por el rural- es distinto, el trabajador temporario no es lo mismo que un trabajador de una fabrica, trabaja un par de días y se va a otro lado. Estamos contemplando a un sector específico, con una necesidad puntual”.
