No pagar por un perjuicio fiscal que determinó el Tribunal de Cuentas, es casi una constante. De los más de 20 funcionarios que fueron condenados, solamente dos se presentaron y de su propio bolsillo repararon el daño que le causaron a las arcas del Estado. Para colmo, los que cumplieron fueron empleados que tenían sueldos medios y no funcionarios que ocuparon cargos importantes y bien rentados. Uno fue un efectivo policial que chocó el móvil que conducía.
La gran mayoría de los fallos fueron recurridos ante la Justicia y otros están para ejecutarse en Fiscalía de Estado, que es el organismo encargado de cobrarle por la vía judicial a los que se resisten a hacerlo.
