La fiscal Graciela del Pie se hizo eco de la denuncia que formuló el Gobierno y requirió ayer que se abra la investigación penal para determinar si en el derrame de cianuro en Veladero hubo delito. En su planteo pidió, entre otras cosas, la declaración de personal técnico de la firma Barrick, informes sobre acerca de qué operarios o ejecutivos de la misma estuvieron en el momento del hecho, el testimonio de los responsables del área de Minería y pericias por parte de especialistas de la UNSJ. El que resolverá si concede esas peticiones es el juez Pablo Oritja, aunque se da por descontado que dirá que sí en virtud de las medidas que ya dispuso por el amparo que motivó la paralización del valle de lixiviación del proyecto.
Del Pie es la fiscal del caso y cuenta con la colaboración de sus colegas de primera instancia Daniel Guillén y Fabricio Medicci y de Cámara Gustavo Manini. Los tres fueron afectados especialmente por el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani, que puso de lo mejor que tiene en su equipo para instar la acción y que se determine qué sucedió.
El requerimiento de la fiscal es clave, porque de otra manera el juez no podría avanzar. Y es el principio de otros pedidos como, por ejemplo, una inspección ocular en Veladero.