Si ya hace 40 días la situación de los más de 90 cerdos entrampados en medio de una pelea judicial, que permanecen en una finca de la calle 17, en Pocito, era grave, ahora es desesperante. Bajo un calor insoportable y casi sin ánimo de moverse, muchos de los animales corren peligro de morir de sed y hambre y de hecho, la semana pasada murió un pequeño lechón cuyo cadáver, en estado de putrefacción, todavía no fue retirado del chiquero. Oficialmente, nadie les da de comer desde hace 10 días, porque el ex casero (de apellido Morán), que había sido designado por el juez Daniel Olivares Yapur como depositario judicial y encargado de los animales en diciembre pasado, fue despedido por la firma Vadesa, dueña de la propiedad. Sin embargo, el dueño de los animales, Antonio González, quien alquilaba la finca para plantar olivos, denunció la situación de los chanchos a la Policía y consiguió un permiso para entrar con un veterinario, para examinarlos y alimentarlos. El resultado, según contó González, fue desalentador: la mayoría de los animales están desnutridos y al borde de la deshidratación, por no recibir agua ni alimentos. Los que más riesgo corren son los más pequeños, que necesitan recibir comida en forma regular para garantizar su crecimiento y desarrollo.

El abandono de estos animales había sido revelado por DIARIO DE CUYO en diciembre pasado, y la situación ahora es peor. Mientras los perros callejeros que viven allí mordisquean al animal muerto entre la nube de moscas que le revolotean por encima, el olor nauseabundo invade todo el lugar y el ex casero dice que no puede hacer nada. "A mí me mandaron el telegrama de despido y me prohibieron que siga haciendo tareas de la finca, así que no puedo acercarme a darles agua ni comida", contó el hombre.

"Esto tiene una sola denominación, y es crueldad con los animales. A un perro de la calle, si usted lo abandona, él se las arregla para conseguir agua y comida. Pero a un cerdo que está encerrado en un corral y que no sabe buscar su alimento, dejarlo sin atención es como condenarlo a muerte", dijo indignado Antonio González, el criador de cerdos.

Antes que se iniciara la feria judicial, González y la firma Vadesa habían llegado a un acuerdo por el cual se le permitía a aquel el ingreso de comida a la propiedad para los chanchos, tarea que quedó a cargo de quien el juez Olivares Yapur designó como depositario judicial, el ex casero Morán. Pero al ser despedido Morán, nadie alimenta a los animales, aunque se supo que el propio González, contrariando aún la prohibición de entrar a la propiedad, se las arregló para hacerles llegar comida y agua, aunque en forma insuficiente.