Los antecedentes prácticamente anticipaban cuál iba a ser el destino de la denuncia que formuló el ministro macrista Sergio Bergman por el resonante caso Veladero. Finalmente, no hubo sorpresas. El juez federal Miguel Angel Gálvez se declaró incompetente para investigar el incidente en la mina iglesiana del 8 de septiembre y ordenó girar las actuaciones al juzgado provincial de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Pablo Oritja. Así, como lo indica un principio jurídico básico, el magistrado local concentrará todos los planteos judiciales que están en curso por el mismo hecho.
Bergman, que es el ministro de Ambiente de la Nación, hizo la denuncia la semana pasada en el Juzgado Federal Nº 2 con asiento en San Juan. Pide que se investigue el derrame de solución cianurada en el valle de lixiviación del emprendimiento que explota Barrick y que se determine si se tipificó el delito de contaminación y si la compañía canadiense cumplió los procedimientos que se deben seguir en situaciones de crisis.
Desde ese mismo momento, la suerte del planteo casi que estaba echada. Esto, porque frente a la denuncia que hicieron abogados del sur del país el juzgado federal de Sebastián Casanello por el derrame del año pasado en el mismo yacimiento, la Corte Suprema de Justicia terminó diciendo que el objeto bajo investigación era competencia de los tribunales provinciales y no del fuero nacional y apartó al magistrado porteño.
Gálvez actuó en este caso como subrogante, ya que lo hizo en reemplazo del titular del Juzgado Nº 2, Leopoldo Rago Gallo, que se encuentra de licencia. El magistrado funda su resolución, justamente, en el antecedente que fijó el máximo tribunal del país por el derrame anterior y la abundante jurisprudencia que hay en la materia. En un fallo de 21 páginas, se declaró incompetente para abocarse a la denuncia de Bergman.
En la Segunda Circunscripción provincial hay varias denuncias en trámite por lo de Veladero y la de Bergman abría la posibilidad de que se desatara un conflicto de competencia, cosa que no pasará después del fallo de Gálvez. Si aceptaba intervenir, se hubiera reeditado una puja como la que Casanello y Oritja mantuvieron en 2015 por quedarse con la investigación.
El macrista puede insistir ahora ante la Cámara Federal de Mendoza para que se abra la instrucción de una causa en ese ámbito. Pero lo cierto es que cuenta con muy pocas chances de éxito en virtud de la posición que sentó en su momento el cuerpo colegiado que encabeza Ricardo Lorenzetti, que de paso es obligatoria para las instancias inferiores.
Aquel fallo del máximo tribunal del país se basa en la Ley de Residuos Peligrosos, que es la misma que sirve de fundamento en la denuncia del ministro. La misma establece que la Justicia Federal es competente sólo cuando los “residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado”. Y en el último incidente, al menos hasta ahora, las pericias indican que la solución cianurada que se volcó no salió del valle de lixiviación y no llegó a ningún curso de agua, por lo que no hubo ningún daño que justifique discutir una supuesta interjurisdiccionalidad.
Gálvez dispuso, además, mandar la denuncia de Bergman al juzgado que dirige Oritja. En definitiva, se acumulará con las otras que ingresaron para determinar qué fue lo que pasó el 8 de septiembre y quiénes son los responsables (Ver recuadro).
A la vista está que el macrista no tuvo en cuenta los antecedentes judiciales a la hora de elegir donde llevar su planteo. Eso le valió críticas, por ejemplo, del fiscal General de la Corte de la provincia, Eduardo Quattropani. “Es una sobreactuación o un mal asesoramiento”, dijo el fin de semana el funcionario sanjuanino en alusión a la movida. A eso, agregó: “Denuncias con falta de rigor fáctico o con oportunismo político, ayudan a la confusión o a que no se solucionen los problemas”.