La mayoría de las 79 casas se parecen. Están formadas por una sola habitación en la que duermen todos los integrantes de la familia; el comedor está afuera, bajo un techo de caña y sin paredes; y el excusado, atrás de la construcción. Y hay un detalle que comparten todas las casas: tienen las vías en el patio. Son las viviendas que integran el asentamiento Las Moritas, a la vera de las vías del ex ferrocarril, en Caucete. Allí, en ese terreno que le pertenece a la Nación y que las familias usurparon, la gente vive con el corazón en la boca, recibiendo certificados de desalojo y consiguiendo prórrogas para extender el plazo que les dan para dejar el lugar. Mientras, aguardan para poder tener la casa propia.

A principios de este mes, las familias que viven en el asentamiento Las Moritas recibieron el papel que temían tener en sus manos, una orden de desalojo con plazo hasta el 20 de abril pasado. Pero el intendente caucetero, Juan Elizondo, consiguió una prórroga y dice que ya tiene el terreno destinado a esa gente y que les construirán las casas que necesitan (ver aparte).

Los vecinos cuentan que el asentamiento se formó a fines de 2006, cuando el municipio limpió el terreno (que estaba cubierto de piedras, basura y pastizales) y llegó la primera familia. Fue en febrero de 2007 cuando la segunda familia construyó su habitación de barro. Y, de a poco, se asentaron las 79 que hay hoy. Entre ellas viven 200 niños, que asisten a las escuelas cercanas y que juegan en las calles y en las vías del lugar.

En el barrio están bien organizados. En febrero del año pasado, se reunieron y crearon la comisión vecinal, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que vivían. Alejandra Fernández, esposa del presidente de la comisión, contó que una de las primeras cosas que hicieron fue poner las cañerías a través de las cuales llevan a cada casa el agua que sale de los tres surtidores comunitarios que había en el terreno. El segundo paso fue la electricidad, ya que hasta ese momento sólo tenían luz a través de conexiones clandestinas. Después de presentar notas lograron que les colocaran 4 medidores comunitarios, hoy tienen electricidad y todos los meses pagan la luz.

Pero, después de mayo del año pasado, el objetivo del grupo cambió y se transformó en buscar una solución al desalojo. Es que recibieron la primera orden judicial que los obligaba a dejar los terrenos. En ese momento, el intendente Elizondo logró una prórroga diciendo que iban a construir viviendas para ellos. Sin embargo, el tiempo pasó y las familias permanecieron en el lugar. Ahora, ante el nuevo aviso de desalojo, ni siquiera piensan en la posibilidad de quedar en la calle: dicen que tienen fe en que van a poder quedarse en el terreno usurpado hasta tener sus propias casas.