Hace poco más de una semana, el gobierno nacional reglamentó la mentada Ley de Hipoacusia (la número 25.414), por medio de la cuál las obras sociales y prepagas deberán hacerse cargo -como prestación obligatoria- de la detección temprana y atención de la sordera infantil. Se calcula que esta patología afecta a entre 700 y 1200 recién nacidos por año.
Ocuparse de la sordera desde los primeros días de vida y determinar si es producto de factores hereditarios, congénitos o adquiridos desde el nacimiento, es un gran avance que posibilita que la persona recupere cuánto antes -inclusive por medios artificiales- su capacidad para escuchar sonidos, el primer paso para el desarrollo del lenguaje y la integración social. Por eso, en el mismo decreto reglamentario de la ley se estableció que se aplicará el “Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia+ a través de los ministerios de Salud de las provincias, se garantizará el primer par de audífonos y en última instancia los implantes cocleares, en forma gratuita, a los niños con disminución auditiva y sin cobertura médica.
En San Juan, este mismo programa se lanzó a principios de julio y está a cargo de Leonardo Nefa. Aquí se aplica siguiendo los lineamientos de la Nación. Por eso tiene como objetivo principal detectar y tratar los problemas auditivos en bebés de hasta 6 meses de edad, especialmente aquellos que nacieron en hospitales públicos. Incluye estudios como otoemisiones (un estudio no invasivo que sirve para medir las respuestas de las células ciliadas del oído) y otros más específicos en los casos que no tienen resultados positivos.
