El Gobierno anunció medidas para mitigar la crisis hídrica, entre las cuales se incluyó una campaña de control para evitar el derroche de agua, sancionando a los bañistas que usaran los canales de riego como pileta. También se anunciaron dos líneas de crédito con fondos provinciales, para eficientizar el uso del agua de riego, y otra línea con fondos del Banco Nación, destinada a productores.

La reactivación de pozos de agua, con destino a consumo humano, fue otra de las medidas anunciadas, como así también el análisis del estado de deterioro de los pozos que pudieran ser reparados. El contrato de celadores, llaveros y tomeros, tal como pidieron los regantes, fue otro de los anuncios, estimándose que el déficit de personal es de 40 puestos.

Por último se anunció la reforma estructural del Departamento de Hidráulica, que incluye su mejoramiento y asignación de recursos, y la adhesión de los regantes de zonas alejadas (que no estén en los valles de Tulum, Ullum y Zonda) a todas las medidas tomadas, para que pudieran ser beneficiados con las mismas.