El delegado de la Unión Ferroviaria, Pablo Díaz, sindicado como organizador del ataque, recibió un llamado inmediatamente después de la agresión en que el número tres del gremio, Juan Carlos Fernández, le ordenó retirarse del lugar, según consta en la declaración del testigo arrepentido que integró la patota.
El jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, declaró en su testimonio que vió los incidentes por televisión y en contacto con su lugarteniente Fernández. Añadió que había advertido días antes al secretario de transporte Juan Pablo Schiavi que habría un corte de vías.
El comisario Luis Mansilla a cargo del operativo de la Policía Federal definió a los tercerizados como “los de izquierda” y estimó que no serían más de 8, contra unos 120 de la patota, razón por la que aquellos no lograron cortar las vías y se retiraron corridos a pedradas.
Los policías, que eran de provincia y federales de la división ferroviaria del Roca, San Martín y Belgrano, además de un equipo de seguridad de trenes, se ubicaron en todo momento detrás la patota y no entre los grupos para evitar fricciones, según consta en el expediente.
Otros testigos declararon que el grueso de la patota es de los talleres de Escalada, donde la empresa de gestión de la línea Roca, UGOFE, dio licencias masivas para que concurrieran.
En ese ámbito “hay unos 400 tipos de Ferrobaires que no trabajan y andan por allí con fierros, muchos de ellos hinchas de Banfield”, dijo uno de los testigos que declaró en la fiscalía.
En el reclutamiento de los agresores, Díaz contó con el apoyo de otro sindicalistas cuyos nombres constan en la causa pero sobre los cuales la jueza aun no adoptó medidas.
