Los empresarios nucleados en la Cámara de Comercio de San Juan están preocupados porque en setiembre se producirá el vencimiento del DNU (decreto de necesidad de urgencia) 320-2020 que impide los desalojos y las subas de los contratos de alquiler de micro, pequeñas y medianas empresas. En medio de la crisis que desató la pandemia dicen que aún no logran la recuperación económica y piden que se prorrogue hasta fin de año. Si bien el DNU es resorte nacional, en San Juan los principales actores del sector inmobiliario -el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios (CPCISJ) y la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria (CCISJ)- creen que es posible que en la provincia se extiendan los beneficios, porque existe voluntad de los propietario para consensuar y "aguantar" al locatario hasta que se recupere. Mauricio Turell, desde el CCISJ dijo estar "seguro y convencido" de que va haber voluntad de parte de los propietarios para consensuar y esperar al locatario para que se recupere. "Hoy los comerciantes sanjuaninos apenas están de rodillas y lo que están generando apenas les alcanza para pagar deudas generadas por el Covid", dijo. Agregó que en la institución han participado conciliando en varias oportunidades con propietarios e inquilinos que querían cobrar el mes de abril y de mayo, y se advirtió muy buena voluntad para acordar. "Estamos absolutamente seguros que se va a poder consensuar un acuerdo transitorio para que pueda seguir trabajando el comercio. Estamos seguros de que sí va a pasar eso", aseveró Turell. Por su parte la empresaria inmobiliaria Josefina Pantano, presidente del Colegio de corredores, opinó en coincidencia. "Por lo que hemos tratado, los propietarios están muy conscientes de la situación difícil que transita la actividad empresarial y comercial y no solamente van a estar proclives sino que lo han mostrado todo este tiempo ajustándose a negociaciones bastante equilibradas", indicó. En esa entidad dijeron que la gran mayoría entendió que había que hacer un esfuerzo compartido, tanto del comerciante que se le hacía difícil afrontar el alquiler como del propietario que se le hacía difícil bonificar o no percibir el pago. "En esos casos no será difícil retomar las negociaciones a partir de octubre", dijo Pantano. Hermes Rodríguez, presidente de la cámara comercial advirtió que el pedido se realiza porque los comerciantes "no están teniendo una recuperación que permita un desenvolvimiento normal de parte del sector". "En esta situación de emergencia estamos involucrados tanto locatario y locador y debemos tratar de llevar lo mejor posible la situación", señaló.

El decreto del Gobierno que estableció el congelamiento de los alquileres de los locales comerciales y que también corre para las viviendas residenciales (ver recuadro) establece que el 30 de septiembre quedará sin efecto la suspensión de los desalojos. En las dos entidades sanjuaninas no creen que se llegue a ese extremo en la provincia. "Por supuesto que hay algunos locatarios que han abusado de esta normativa pero dudo mucho de que prosperen órdenes de desalojo en este momento de crisis" dijo Turell, quien además es martillero público. Pantano deslizó que pueden haber excepciones y se refirió a situaciones extremas "que necesitarán de la ayuda de los profesionales del corretaje inmobiliario seguramente". Aludió así a los casos en que el propietario ha recibido cero pago en todo el período del congelamiento y que está cansado de la situación y a la espera de que venza el decreto para desalojar al inquilino. "Los colegas que formamos parte del colegio hemos ido negociando caso por caso y la verdad que no hemos tenido situaciones tan extremas, desconocemos si la Cámara de Comercio de San Juan está teniendo esas situaciones", añadió.

En el Congreso

"El decreto 320/2020 que establece que no pueden efectuarse desalojos ni rescindirse contratos" rige hasta el 30 de septiembre. En las entidades consultadas dicen que el diputado nacional Marcelo Orrego va a presentar un proyecto al Congreso para pedir la prórroga hasta diciembre inclusive.

• Qué pasa con las viviendas

A diferencia de los alquileres comerciales, las entidades inmobiliarias al menos por el momento no esperan que se prorrogue el congelamiento que rige para el alquiler de la vivienda familiar.

En la Cámara CCISJ dicen que el margen de morosidad que ha habido durante la plenitud del Covid-19 (abril, mayo y junio) ha sido ínfimo, de apenas el 2%.

En caso de que no se prorrogue el DNU el inquilino deberá afrontar los aumentos o diferencias que pactadas con anterioridad en el contrario de alquiler y que corresponden a los meses en los que estuvo congelado por disposición nacional.

"El inquilino tendrá que acordar desde octubre con el propietario para abonarle esas diferencias en tres o seis cuotas, según indica el decreto", explicó Turell.

Del mismo modo, si justo tras el congelamiento se producen vencimientos de contratos, el inquilino se va a encontrar con aumentos de alquiler con un promedio de suba que oscilará entre un 20 a un 25 por ciento.