Es el abogado que fue procesado como el líder de la asociación ilícita. Era el que representaba a los herederos o propietarios de los terrenos que el Estado expropió. La investigación que hizo la jueza Rosselot estableció que recibía los expedientes de los juicios de expropiación de mano de Baistrocchi. Como éste los retenía durante 5 o 6 años, la demanda no se notificaba en los plazos correspondientes, lo que le daba el tiempo necesario a Graffigna para reunir a los poseedores de los terrenos, realizar los sucesorios e iniciar los trámites de posesión veinteñal, con el objetivo de sanear el inmueble. Así podía reclamar el total de la indemnización y no el porcentaje que le hubiera correspondido al simple poseedor de la tierra, que es el 30 por ciento. Luego de esto, contestaba la demanda hecha por provincia, notificándose en la mesa de entrada del juzgado civil correspondiente. La magistrada remarcó que los 2 abogados actuaron con el solo fin de estafar a las arcas públicas, al obtener sentencias de pago de manera fraudulenta. Para ello, "se constituyó y organizó un conjunto de voluntades que convergieron a los intereses de Graffigna", indica la resolución.
