Con los establecimientos sin clases por lo menos hasta agosto, según analizan las autoridades educativas, uno de los sectores más afectados por la crisis económica generada por la pandemia es el del transporte escolar. Son 70 familias que dependen de la actividad y luego de pedir ayuda es uno de los ámbitos que está bajo análisis en el Gobierno provincial para permitirles realizar otro tipo de tareas para subsistir. Por ejemplo delivery de mercadería, traslado de personal médico o transporte de personal de obras en construcción.

"El tema está bajo análisis, estamos charlando con ellos", reconoció el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y aclaró que cualquier decisión dependerá del área de Tránsito y Transporte.

Según datos de la Asociación de Propietarios de Transporte Escolar que, con altibajos, está trabajando en el tema, en la provincia son 70 las familias que dependen de la actividad. Uno de sus integrantes, Hugo Gil, contó que en muchos casos, lo último que cobraron fue por los traslados en noviembre del año pasado, cuando finalizó el ciclo lectivo 2019. Es que este año las clases empezaron el 2 de marzo, pero el 20 de ese mes se estableció el comienzo de la cuarentena, y desde antes se había suspendido la actividad. Unos pocos alcanzaron a trabajar un puñado de días y cobraron medio mes, pero desde entonces están parados. El costo de traslado de un chico, por ejemplo de los que concurren a los colegios de la Católica, ronda los 3.000 pesos mensuales.

Gil contó que, como hacen todos los años, antes de empezar las clases todos hicieron los aprontes para trabajar porque después no pueden parar los vehículos. Por ejemplo cambiar una cubierta cuesta 15.000 pesos, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) tiene un costo de 2.500 pesos, a lo que hay que sumar, entre otros gastos, seguros, desinfección, monotributo y las patentes, otros 4.000 pesos mensuales.

Una de las alternativas de ayuda es que los consideren, tal como ocurrió con taxis y remises, para el reparto de módulos alimentarios. Algunos ya lo hicieron, según dijo el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, y no descartó que se los vuelva a convocar.

Pero los dueños de las combis dicen que es insuficiente. "Necesitamos trabajar, llevamos mucho tiempo parados y no sabemos hasta cuándo", dijo Gil.

En Mendoza, según publica el portal Sitio Andino, el Gobierno provincial sacó una resolución que autoriza a los que hacen transporte escolar a la entrega domiciliaria de alimentos sin cadena de frío, que los contrate el Estado provincial o municipal para realizar fletes, traslado de personal de obras privadas de construcción y la entrega de materiales de construcción sin alterar las condiciones de los vehículos. Y en San Juan la aspiración es que tengan un trato similar.

En el país hay unas 13.000 familias que dependen del traslado de los chicos a las escuelas, pero en todas las provincias viven la misma situación que en San Juan porque todavía no hay fecha para el regreso de las clases. Y aun cuando vuelvan, sería por sectores y no todos los alumnos juntos. El otro tema es que en una combi pueden llevar unos 23 chicos, y si hay restricciones deberán ser menos.

Hugo Gil

Es integrante de la Asociación de Propietarios del Transporte de la provincia y dijo que necesitan soluciones urgentes porque no pueden continuar en la actual situación. "Estamos muy complicados, necesitamos que nos escuchen", dijo el dirigente.

Contó que todos los propietarios hicieron la inversión de preparar sus vehículos para el año escolar, pero los sorprendió al parate. Algunos hasta se endeudaron con la tarjetas para comprar cubiertas o hacer reparaciones a las unidades, pero los ingresos nunca les empezaron a entrar. También pidió que los eximan del pago de permisos.

Mariela Laprovítola

"Estamos complicados porque no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar", dijo Mariela Laprovítola, propietaria de una movilidad de traslado escolar que lleva a los chicos que estudian en los colegios de la Universidad Católica.

En su caso dijo que antes de empezar las clases preparó su movilidad para trabajar, pero la pandemia la sorprendió con los gastos realizados y sin poder recuperar la inversión. Y lo peor es que no sabe cuándo volverán las clases.

"Lo peor es que nos siguen cobrando la habilitación, aún cuando no estamos trabajando", dijo.