El 18 de diciembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1295 con cambios que permitían a las provincias promocionadas reasignar los cupos industriales caídos. En el 2004 Mendoza también acudió a la Corte Suprema de Justicia por considerarse perjudicada por la vigencia del sistema, al entender que el decreto 1295 ampliaba la promoción industrial. Entonces consiguió eco en el juez sanrafaelino Acosta -el mismo de ahora- quien ordenó la suspensión del decreto. E igual que ahora, el juez sanjuanino Rago Gallo emitió un fallo donde resolvió mantener la vigencia de la promoción y del decreto 1295. Las fallos contrapuestos nunca fueron resueltos judicialmente ya que hubo un acuerdo político: Néstor acordó con el entonces gobernador Julio Cobos desestimar el reclamo judicial y a cambio, construir el dique Portezuelo del Viento (aún en suspenso), por un monto de unos $1.000 millones. Cobos arregló el trato como estrategia política por acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula presidencial.
