La puja por la rendición de gastos de la línea de interconexión con Mendoza hizo renacer una vieja polémica que involucra de lleno al EPRE y su presidente. Por disposición de Rivera Prudencio, el organismo no está sometido al control previo y concomitante de gastos por parte de la Contaduría General de la provincia. Esta última repartición está facultada por ley a verificar las erogaciones de todos los organismos públicos, excepto las empresas estatales, y así todo no ha podido ingresar al ente regulador.
Tanto el Tribunal de Cuentas como la Asesoría Letrada de Gobierno le han dicho a Rivera Prudencio que debe permitir la intervención de la Contaduría, pero no hay caso. Como primer paso para intentar por revertir la situación, los diputados opositores han presentado un pedido de informes.