La fase 3 iba a ser financiada con el crédito del Gobierno español que para ser usado, se estableció en el contrato que una empresa ibérica debía estar al frente de la construcción y que debía destinarse, en mayor medida, a la compra de equipamiento. Pero el Ejecutivo local recibió importantes donaciones de aparatología, por lo que en las negociaciones con España trató de encausar el contrato para que la obra civil tuviera mayor peso que la compra de equipamiento (no tenía sentido adquirir de más). Sin embargo, la modificación no fue aceptada por los europeos y la gestión giojista promovió un acuerdo para dar por finalizado el vínculo con la UTE encabezada por la constructora española San José. 
La relación se terminó finalmente a principios de este mes, con la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que ratificó el acta que le puso fin al contrato. A partir de ese instrumento legal, el Estado provincial quedó habilitado a llamar de nuevo a licitación para adjudicarle los trabajos a una nueva empresa constructora.