En el transcurso de la semana quedará reflejada, una vez más, la política de persecución criminal del Ministerio Público Fiscal ante la violación de las normas que buscan evitar la propagación del coronavirus. En el procedimiento de Flagrancia, el enjuiciamiento exprés para implicados que son atrapados mientras cometen un delito, se llevará adelante la audiencia inicial contra 24 personas que se juntaron a jugar a las cartas en el Jockey Club. Según trascendió de fuentes judiciales, los fiscales se opondrán a conceder el beneficio de la probation, la realización de tareas comunitarias a cambio de evitar el juicio y una eventual condena. ¿El motivo? La actividad que desplegaron los imputados era ilícita en sí misma (juego ilegal), sumado que a fueron muchos los que se reunieron en un lugar cerrado, pese a que están prohibidas las reuniones sociales, sin mantener el distanciamiento e, incluso, sin utilizar elementos de protección, lo que significa poner en riesgo a un número indeterminado de sus propios contactos, resaltaron las fuentes.
De esa manera, la apuesta de Fiscalía será someter el hecho a discusión en un juicio.
La llamada política criminal representa el criterio o parámetro que adopta el fiscal General, Eduardo Quattropani, que baja línea a los agentes del Ministerio Público, para decidir qué causas van a juicio, en donde se define si hay responsabilidad de los acusados y qué castigo les corresponde, y cuáles se pueden resolver a través de métodos alternativos de solución de conflictos, como la probation o suspensión de juicio a prueba.
El tema quedó instalado con la denominada Fiesta VIP, en la que los fiscales les negaron dicho beneficio a 48 jóvenes, cuyos abogados están acudiendo a instancias superiores para conseguirlo (Ver aparte). Y cobró vigencia la semana pasada, cuando los representantes del Ministerio Público le concedieron la suspensión del juicio a prueba a 20 personas que participaron del cumpleaños número 90 de Jorge Pascual Recabarren, conocido como el aparcero mayor de Cuyo (Ver aparte).
En el primer caso, la negativa se dio porque se trató de un festejo clandestino, en el que intervinieron jóvenes de distintos lugares, a los pocos días de que la provincia saliera de un aislamiento estricto por el brote de casos de Covid-19, cuando el Estado bloqueaba barrios para contener el virus. La política criminal apuntó a desalentar ese tipo de reuniones para evitar la expansión de la pandemia. El segundo caso también fue un encuentro que rompió la norma, aunque fue de carácter familiar, por lo que "el riesgo generado quedó reducido a quienes tomaron intervención en el evento puntual", habían señalado los fiscales. Además, fue en una fase en la que están permitidas las reuniones familiares, aunque, en este caso, se sobrepasó el número y se excedió el horario del festejo.
Por su parte, el encuentro en el Jockey Club se produjo el 1 de noviembre. El dato que llamó la atención fue la cantidad de vehículos que se encontraban afuera, debido a que no están habilitadas las reuniones sociales. Fue así que la Policía, alertada por un llamado anónimo, encontró en el segundo piso del edificio a 24 personas jugando a las cartas en dos mesas de juego. Según las fuentes, la "juntada" fue "de extrema gravedad", teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que los participantes estuvieron en los juegos, "cuyo desarrollo puede durar horas". La audiencia inicial perfila para el jueves y los fiscales no concederán la probation, por lo que se verá si los defensores apelan tal decisión.
El festejo se llevó a cabo el viernes 11 de septiembre, a días de que la provincia saliera de la fase 1 de cuarentena, luego de los brotes de coronavirus en Caucete y Santa Lucía, puntos en los que el Estado bloqueaba barrios para contener la expansión. La fiesta se hizo en una casa de, justamente, Santa Lucía y contó con abundante alcohol y una meticulosa organización, que incluyó despliegue de sonido e iluminación. Sobre esa fecha también hubo otras reuniones clandestinas, a cuyos participantes, con menores recursos, también se les denegó la probation. Pese al pedido de los defensores, el fiscal Iván Grassi había manifestado que el otorgamiento del beneficio no es automático, ya que, en ese caso, se evaluó el riesgo.
Jorge Pascual Recabarren, conocido como Jorge Darío Bence, el aparcero mayor de Cuyo, cumplió 90 años y el festejo se hizo a principios de mes. En una parrillada de Santa Lucía se reunieron 24 personas, lo que implicó una violación a la norma impuesta por Nación y provincia que prohiben el aglomeramiento de personas. Las fiscales sí les concedieron la probation a 20 acusados, quienes deberán realizar tareas comunitarias y pagar 7 mil pesos cada uno. En la fase sanitaria actual están permitidas las reuniones familiares, pero, en este caso, se sobrepasó el número permitido y se extendieron en el horario del festejo. En la cita estuvo Lucas Pringles, funcionario de Turismo, quien presentó la renuncia.
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