Después de dos años de óptima convivencia, la puja entre el SUOEM y la gestión de Lima explotó el 1 de febrero. Ese día, el gremio inició una serie de medidas de fuerza que afectó severamente la prestación de los servicios municipales, especialmente el de recoger la basura y limpieza de la ciudad. Desde ahí, la Capital es hervidero diario. Al punto que ha habido acciones cruzadas entre una y otra parte.
El municipio no dudó y echó a los pasantes que adhirieron a las medidas. Además, en el medio del enfrentamiento, denunció en la Justicia Penal al secretario general del SUOEM, Pascual Manchineles, por haber estado cobrando al mismo tiempo el sueldo como agente en actividad y una jubilación. El gremio respondió con otra denuncia en la Justicia Federal.
– Ambulantes
Ante el quite de colaboración de los empleados de planta permanente en adhesión al SUOEM, el municipio armó un cuerpo especial de inspectores para erradicar a los vendedores ambulantes, que están prohibidos por ordenanza. El primer y último operativo se hizo el viernes y terminó con graves incidentes, cuando los ambulantes atacaron a los inspectores y la Policía.
Lima dispuso una tregua hasta el lunes y el martes se reunió con los trabajadores callejeros y hubo acuerdo. Quedaron en que podrán trabajar en la ciudad, pero en lugar de tirar mantas al piso para exhibir la mercadería, deberán circular y no podrán ingresar a la peatonal. Además, deberán anotarse en un padrón municipal y empezar a pagar impuestos por la actividad que ejercen.
