El proyecto antiminero de Solanas tiene una larga fundamentación que por razones de espacio es imposible transcribir: Allí desarrolla consideraciones respecto a las consecuencias dramáticas de realizar la minería a cielo abierto, da cifra de las cantidades de agua que utilizan los diferentes proyectos y estima que el modelo a implementarse, “abarcaría doce provincias y, de manera indirecta, quince provincias, con un total de más de 400 proyectos” a lo largo de toda la cordillera. Pero también cuenta con imprecisiones y errores: respecto al proyecto Alumbrera no indica que la justicia desestimó la denuncia por supuesta contaminación y que incluso los empresarios acusados fueron sobreseídos, y el error es invocar que en Europa se prohibió el uso de cianuro para la extracción de minerales. Recientemente el Parlamento Europeo rechazó ese pedido y autorizó a continuar usándolo en todo ese continente.
Otros fundamentos que utiliza son que este tipo de minería deja pocas regalías, sin mencionar el aporte que realiza en la recaudación de impuestos provinciales -las mineras son agentes de retención de sus proveedores- y la creación de nuevas pymes y por ende, de empleos nuevos motorizados por el proyecto de origen.
