Para garantizar que la garrafa social de 10, 12 y 15 kilos se venda al precio fijado desde 2008 por el Gobierno Nacional, es decir, a $16, $20 y $25, la Dirección de Defensa al Consumidor anunció que pondrá más inspectores e incluso no descarta movilizar personal administrativo a los departamentos alejados, lo que sucederá la semana que viene tras los feriados. Esta medida será tomada luego de que se conociera que afuera del Gran San Juan, la denominada garrafa social se vende un 40 por ciento más cara en mostrador, algo que está prohibido y es pasible de multa.
Según anunciaron en Defensa al Consumidor, a los 8 inspectores que recorren las calles del Gran San Juan diariamente, en los departamentos alejados se les sumarán los empleados de las delegaciones que tienen facultades de inspector, que son 11 en total. En Caucete hay 3 delegados, en Pocito 2 y en Albardón, Jáchal, Sarmiento, 25 de Mayo, Zonda e Iglesia hay 1 por cada departamento. Donde aún no hay delegados es en Calingasta y Valle Fértil, aunque eso (según dijeron en el organismo) no les impedirá viajar para controlar. Es más, no descartan la posibilidad de que empleados que habitualmente cumplen tareas administrativas también salgan a la calle, algo que ya pasó en otras ocasiones, la última hace unas semanas para controlar supuesta mercadería vencida en un hipermercado.
Recientemente, Defensa al Consumidor había detectado sobreprecios en garrafas en Sarmiento, Calingasta, Valle Fértil, Caucete y Jáchal, tras denuncias a ese organismo, por lo que intimó a los comercios a vender al costo acordado. El sobreprecio registrado se da justo cuando aumenta la demanda por consumo estacional. Y se genera por un problema en la cadena de comercialización. Los distribuidores se quejan porque tienen problemas de abastecimiento y altos costos de funcionamiento de la empresa, por lo que a los subdistribuidores les venden las garrafas de 10 y 15 kilos a $15 y $22,50. Los subdistribuidores, que en San Juan son los que mayoritariamente llevan las garrafas a los departamentos alejados, no tienen margen de ganancia y por eso aplican un "gasto de flete", por lo que en el comercio de barrio, un vecino de Carpintería, por ejemplo, termina comprando a $22 y $34 los tubos de 10 y 15 kilos.
Además, hay otra problemática. Y es que desde Defensa al Consumidor afirman que si los multan por no respetar el precio fijado por la Nación, los subdistribuidores amenazan con no ir a los departamentos alejados porque económicamente no les reditúa. "Nosotros no queremos eso porque es allí donde la gente más necesita el gas envasado. La cadena de comercialización debe ser solidariamente responsable entre sí, pero eso no pasa. Sin embargo, los problemas de ganancias y costos no son problemas del consumidor, por lo que nosotros vamos a controlar que se respete el precio acordado de la garrafa", dijo Ana María López, titular de Defensa al Consumidor.