Unas fotos en Facebook donde se ve a una anciana moreteada y a otra con extrema delgadez destaparon un negocio que lucra con la desesperación: los geriátricos que están clausurados y que funcionan igual. En San Juan, de los 400 adultos mayores que están en residencias permanentes, el 25% está en sitios no habilitados. De los 34 geriátricos de la provincia, 8 están clausurados preventivamente, pero siguen trabajando. Tanto desde la Justicia como de Salud Pública dijeron que tratan que estos lugares cierren o regularicen su situación, pero que es difícil de lograrlo. En tanto que los familiares de los ancianos dijeron que estas residencias sin habilitación son la única alternativa que tienen, ya que cobran más barato que las que están en regla y “atienden bien”. La realidad de los hogares de adultos mayores quedó en el tapete luego de que el pasado miércoles se denunciara en las redes sociales un supuesto caso de maltrato y abandono de persona en un geriátrico ubicado a metros del Centro Cívico. Esa denuncia fue desestimada por la Justicia, Desarrollo Humano, Salud Pública y hasta los propios familiares de los abuelos.
Según Walter Antuña, director de Regulación y Control de Gestión del Ministerio de Salud, en la provincia hay 26 geriátricos habilitados, con unos 300 huéspedes, y 8 que no están en regla, pero que siguen funcionando bajo la supervisión de la Justicia y el Gobierno para que regularicen su situación o cierren definitivamente. En estas últimas residencias se calcula que hay 100 ancianos.
Los 8 geriátricos judicializados fueron clausurados por las denominadas fallas estructurales como faltante de alguna baranda, ausencia de plano de obra, altura incorrecta de los inodoros o ausencia de pisos antideslizantes en un determinado sector. Estas son las faltas más comunes que detecta el personal de Salud durante la inspección en estos lugares.
Antuña explicó que por las fallas estructurales sólo se procede a la clausura preventiva del geriátrico que implica ponerse en regla y no aceptar nuevos residentes. Pero, no se obliga al desalojo, siempre que estas faltas no pongan en riesgo la salud o vida de los adultos mayores y que sea viable la habilitación del lugar. Sin embargo, para Enrique Mattar, del Tercer Juzgado de Faltas donde están 5 de los 8 casos judicializados, ’siempre es necesario’ sacar a los abuelos de estos lugares que no están en regla. Claro que esta medida pasa más por una recomendación que por una exigencia, ya que sólo si se comprueba el maltrato o abandono de los internos el desalojo es obligatorio por considerarse un delito. ’Le pido a Salud Pública que me pase una lista con el contacto de los familiares y personalmente los llamo para pedirles que los lleven a sus casas o a otra residencia habilitada. Clausurar un geriátrico no es lo mismo que clausurar un supermercado. No puedo ponerle la faja de clausura en la puerta y sacar los abuelos a la calle. Hay muchos que están solos en la vida’, dijo el magistrado.
En el geriátrico El Buen Vivir, uno de los clausurados preventivamente desde el 2015, residen 11 abuelos. La mayoría no tiene familia en San Juan ni quien los cuide. Mientras que otros residentes, de otros hogares tienen familiares, pero por diferentes motivos no pueden hacerse cargo de ellos.
Si bien hay residencias de adultos mayores clausuradas desde el 2013, siguen funcionando porque ponen en juego diferentes estrategias para evitar el cierre definitivo. Algunos van cumpliendo progresivamente con los trámites de habilitación y con esto consiguen una extensión de los plazos para ponerse en regla, mientras que otros se las ingenian para evadir la ley. Antuña y Mattar contaron que es usual que los propietarios de estos lugares se muden sin notificar el cambio de domicilio, para que se les pierda el rastro. DIARIO DE CUYO visitó el geriátrico Valle del Sol, uno de los 8 judicializados, y no estaba en el domicilio declarado ante la Justicia. Otra de las metodologías utilizadas es aludir que no son hogares de ancianos, sino grupos de amigos que alquilaron una casa para vivir todos juntos y cuidarse mutuamente. Todo esto, con el aval de los familiares de los abuelos.
LA INFLUENCIA DEL DINERO
‘Un anciano necesita al menos 3 personas para ser asistido mañana, tarde y noche, lo que demanda mucho dinero. Hay que calcular que cada cuidador no cobra menos de 5.000, es decir que se necesita unos 15.000 pesos mensuales por anciano‘, dijo Mattar, siendo que en los geriátricos que están judicializados cobran no más de 8.000. Esta es una de las razones que lleva a los familiares de los ancianos a elegir estos lugares inhabilitados y no uno legal, donde la cuota mensual supera los 13.000 pesos.
Para lograr este abaratamiento de costos los propietarios de los geriátricos no habilitados también ponen en juego diferentes estrategias. Algunos contratan menos personas de salud que lo exigido por la ley, y otros aceptan el pago de la cuota mensual con mercadería, como ocurre en el Buen Vivir y en la residencia del escándalo, respectivamente. ‘A la hora de la siesta, cuando los abuelos duermen, prescindimos del servicio de enfermería, pero nos quedamos nosotros para cuidarlos y de esta forma ahorramos algo de dinero‘, dijo Eliana Paz, dueña del Buen Vivir, donde cobran 8.000 pesos mensuales por residente. La ley exige que haya al menos un enfermero las 24 horas en un geriátrico.
Si bien PAMI y Obra Social Provincia, las dos prestadoras de salud con mayor cantidad de afiliados en la provincia brindan una cobertura del 100% de la estadía en algunos de los geriátricos, no todos pueden acceder a este beneficio.
La OSP tiene convenio con 5 hogares de adultos mayores habilitados que tienen entre 30 y 40 camas.
Para que el afiliado acceda a una de ellas tiene que acreditar la necesidad de ingresar a una de estas residencias. Debe presentar, entre otros requisitos, copias del recibo de sueldo del anciano y del grupo familiar primario (esposo, esposa y/o hijos) y la historia clínica. Actualmente hay 60 afiliados de la OSP en geriátricos. ‘Nunca nos pasó que no haya disponibilidad en los hogares con los que trabajamos, pero llegado ese caso tendremos que salir a hacer convenio con otra institución, lo que puede demandar un tiempo‘, dijo Carlos Repetto, gerente médico de la OSP.
En tanto que en PAMI el afilado debe acreditar que no tiene quién lo cuide y que no tiene propiedades a su nombre. Esta obra social tiene convenio con 4 instituciones. En caso de que estos lugares ya estén completos y no puedan ingresar nuevos ancianos, el afiliado queda en lista de espera hasta que se produzca una vacante por traslado o fallecimiento.