�En el expediente judicial al que tuvo acceso DIARIO DE CUYO, iniciado tras el espectacular escape de los represores, el 25 de julio del año pasado, dio cuenta de gruesas fallas en la seguridad de los represores fugados. Por ejemplo, la falta de cámaras de video; la no existencia de control, humano o tecnológico, a una salida del edificio; la carencia de vigilancia a los detenidos, quienes circulaban sin estar esposados; la extraña coincidencia de que hubo una oficina cerrada durante el escape, cuya llave tenía sólo la esposa de uno de los represores; la demora de 5 horas hasta que comenzaron la búsqueda de los detenidos; y que el personal médico ni siquiera supiera si el paciente que tenía que atender era un peligroso delincuente procesado o un militar en actividad.
Además, un testigo del centro asistencial del área de Organización reconoció en su testimonio que uno de los accesos al hospital “no cuenta con ningún tipo de control”.