En la provincia hay un total de doce “Pequeños Hogares´´, que no son otra cosa que viviendas ubicadas en barrios estratégicos del IPV (por ley se estipuló que serían cedidas en comodato a la entonces Dirección de Protección al Menor), donde se trata de compartir la vida entre una familia “normal´´ y menores separados de sus padres biológicos por estar en conflicto social o con la ley. La idea es que tengan un marco de “convivencia y rutinas normales´´.
En su mayoría, estos hogares, están a cargo de parejas con hijos, aunque hay casos excepcionales como el de Liliana, donde ella está al frente, sola, sin ayuda de un marido y tiene muchos hijos propios.
“Esta medida promueve la protección de los menores en algo lo más parecido posible a una familia. Surgieron como alternativa válida a los tradicionales macro-institutos que prácticamente ya no dan respuestas a las necesidades de estos chicos. Ahora en lo que se trabaja es en experiencias transitorias y el trabajo con las familias de origen para que los niños y adolescentes vuelvan lo antes posible con ellos. De no ser posible este objetivo -luego de haber agotado todas las instancias- judicialmente se pide la pérdida de la patria potestad para que los menores puedan ser adoptados´´, explica Jorge Toro, el titular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Se calcula que por año alrededor de 70 niños pasan por esta experiencia de familia.
