El Gobierno denunció ayer que el incendio de un galpón de la Gendarmería en la ciudad bonaerense de Mercedes fue un ‘mensaje mafioso‘ y ‘un atentado‘, vinculado a ‘los negocios de las cautelares que ha dado el Poder Judicial‘ a favor de los efectivos de esa fuerza que presentaron recursos de amparos por mala liquidación de haberes.
Así lo sostuvo el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien aseveró que fue ‘totalmente intencional‘ el incendio en las instalaciones del INCAES ‘Cabo Juan Adolfo Romero‘, donde por el siniestro de 65 motos nuevas, por un valor total de 1,3 millón de dólares, quedaron destruidas.
El funcionario confirmó además que en el ‘lado externo‘ del galpón siniestrado había pintadas que pedían ‘sueldos dignos‘ y confirmó que la investigación quedó a cargo de la Policía Federal. Berni, en diálogo con las radios Mitre y 10, apuntó: ‘Lo más triste y lamentable es el mensaje mafioso con lo cual nos pretenden intimidar‘. ‘No creo en las brujas, pero que las hay, las hay‘, advirtió el secretario de Seguridad, quien dijo no tener ‘ninguna duda‘ de que ‘no ha sido un accidente, que ha sido un delito totalmente intencional‘.
Berni aseguró que ‘es un mensaje mafioso que está vinculado con el negocio de las cautelares que han hecho jueces como el de Santo Tomé y de Río Gallegos, que en forma exprés han dado miles y miles de cautelares‘. De esta manera, responsabilizó al exjuez Civil y Comercial de Santo Tomé (Corrientes) Humberto De Biase, quien otorgó más de 17 mil medidas cautelares por reajuste salarial en beneficio de efectivos de Gendarmería y Prefectura a fines de 2010, y a la jueza de Río Gallegos (Santa Cruz) Ana Cecilia Álvarez, quien también dispuso cautelares en sueldos de las fuerzas de seguridad.