“Declaramos incompetente a la oficina de Defensa al Consumidor para entender y aplicar multas referidas a cuestiones impositivas, sus funciones no son las de verificar impuestos”. Con estos duros términos arrancó la nota que ayer al mediodía ingresaron por mesa de entrada de Defensa al Consumidor (ver foto), los miembros de la Asociación de Concesionarios de Kioscos. En sus dos carillas, cuestionaron los alcances legales y de vigencia de las resoluciones que imponen los precios de los cigarrillos.
Visiblemente sorprendida, la titular del organismo, Ana María López de Herrera, fue contundente: “Ellos no pueden venir a decirnos que somos incompetentes, casi que nos ningunean. Además, está muy claro que la ley es clara y lo que están haciendo (por el plus) es ilegal”, se despachó la funcionaria, quien estaba acompañada por el asesor legal de la repartición, Federico Destéfano, que explicó las razones por la que el precio de los cigarrillos no puede ser modificado, de acuerdo a la Resolución 110/1991 de la Ley 24.674.
