Pese a la crisis económica derivada del aislamiento por la pandemia del coronavirus, en el Poder Judicial apuestan a poner en marcha la investigación fiscal a fin de año, esto es, noviembre o diciembre. Para ello, la presidente de la Corte, Adriana García Nieto, reconoció que "estamos trabajando, y apurándonos, para hacer la adecuación de infraestructura y de recursos materiales y humanos, en conjunto con el Ministerio Público". En ese sentido, el jefe de los fiscales, Eduardo Quattropani, remarcó que "lo hemos charlado con la titular del máximo tribunal y nos comprometimos a llevar un bosquejo de una reducción de la estructura para ajustarnos a la nueva realidad económica del país y la provincia".

Con la reforma del Código Procesal Penal, la investigación de los hechos delictivos quedará en manos de los fiscales. Hoy está en poder de los jueces, lo que genera una contradicción, ya que hacen toda la pesquisa contra los sospechosos y luego los terminan juzgando (en primera instancia) con las pruebas que ellos mismos recolectaron. Con el llamado sistema acusatorio, pasan a ser jueces de garantías y de control de la acusación que realicen los fiscales.

¿Por qué la importancia de que empiece a funcionar la investigación fiscal lo antes posible? Porque con el sistema actual (una mezcla del inquisitivo y el acusatorio) ha quedado demostrado su fracaso, dado que los juzgados penales están abarrotados de causas, de las cuales, muy pocas llegan a resolución (el 8 por ciento, según la última estadística de 2018). Y, además de poner a cada uno en su función, la investigación fiscal apunta a dar respuestas más rápidas y, también, contempla y regula métodos alternativos de solución de conflictos (Ver claves).

"Poner en marcha el sistema acusatorio implica una gran inversión", resaltó García Nieto, quien agregó que "entre la Corte y el Ministerio Público Fiscal nos hemos propuesto hacer una planificación para ver cómo lo implementamos bajo el objetivo de que sea a fin de año. Tal vez, no con la envergadura que habíamos pensado al principio. Tenemos que sentarnos para analizar y racionalizar los recursos".

Según la ley, el mecanismo se aplicará en toda la provincia, pero para delitos graves: asesinatos, homicidios culposos (accidentes de tránsito), abusos sexuales y hechos de violencia de género, lo que revela una instrumentación gradual y paulatina para que el sistema no colapse.

En sintonía con la cortista, Quattropani dijo que "estamos trabajando en un reajuste del número de fiscales, de ayudantes fiscales y de personal". Además, destacó que "para el Ministerio Público estaba prevista una oficina central bastante importante, la que dejaríamos sin efecto. Estamos programando tres unidades: una en el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig) para delitos de violencia de género, otra en Anivi para ataques sexuales, y otra multifuero, a definir el lugar con la Corte, pero que puede ser en el edificio de Tribunales (Ver recuadro). Todo eso hace una reducción importante de la estructura administrativa y humana". También indicó que otras áreas administrativas, "como la de criminalística y de víctimas de delitos, se pueden arreglar con lo que hay ahora" y que propondrán que, "de las diez fiscalías Correccionales y de Instrucción, cuatro pasen al nuevo sistema".

ALTERNATIVAS

• Oportunidad: Dicho criterio establece que el fiscal puede prescindir de la acusación cuando se trate de un delito cuyo monto o impacto sea "insignificante", conocido como delitos de bagatela. Tal decisión puede ser apelada al fiscal superior.
• Conciliación: El imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en casos de delitos patrimoniales cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos en los que no existan lesiones gravísimas o la muerte.
• Conversión: Si el fiscal desiste de perseguir el delito, la víctima y su abogado pueden pedir que la acción penal pública se convierta en privada. Es decir, el querellante actúa como fiscal, buscando y ofreciendo pruebas y acusando.
• Mediación: El fiscal, de oficio o a pedido de las partes, puede someter el conflicto a mediación entre el imputado y la víctima. En este caso, debe dar intervención a un mediador oficial para la solución del problema.

MUDANZA

La Corte de Justicia planea trasladar en octubre a todo el fuero Civil y parte del Laboral al edificio en el que se erigirá el Anexo Jujuy. En esa mudanza están los cinco juzgados civiles que hoy se encuentran en el primer piso de Tribunales, por lo que esos lugares quedarán vacíos. Una de las ideas que barajan en el Poder Judicial es ocupar esos espacios para oficinas que sirvan para la implementación del sistema acusatorio. También está previsto que se utilicen las sedes del Anivi y del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig).