�Todo empezó por una denuncia de monseñor Alfonso Delgado contra Juan Brozina y Darío Tapia, los exempleados del Arzobispado que terminaron procesados por su responsabilidad en maniobras de estafa por unos 700.000 pesos. El primero era contador y administrador de la entidad religiosa y quedó señalado como el principal sospechoso de la desaparición de los fondos. En su descargo había declarado que no se quedó con un solo peso, que las maniobras irregulares se las pidió el obispo para pagar gastos impropios de la Curia, como dar ayudas a los sacerdotes para obtener apoyo en sus decisiones.
La denuncia tuvo lugar en febrero de este año, por una falta de dinero que se había detectado en el Arzobispado en noviembre del año pasado a través de una auditoría. Según Delgado, la alarma se alertó cuando le avisaron que no se habían pagado algunas obligaciones mensuales que tenía la entidad. Brozina era el administrador del Arzobispado y Tapia cumplía funciones de tesorero.
Como consecuencia de la denuncia, el juez Benedicto Correa, como magistrado subrogante porque ahora el Cuarto de Instrucción está en manos del juez Martín Heredia, los procesó en abril por el delito de administración fraudulenta, al considerar probado que el contador transfirió plata de la institución a su propia cuenta y que el tesorero se quedó con parte del dinero de la limosna que rendían las parroquias.
La administración fraudulenta es un delito contemplado en el artículo 173º del Código Penal, que incluye una pena de 1 mes a 6 años de prisión, por lo que es excarcelable.
En la indagatoria, Brozina contestó con graves imputaciones a Delgado, como viajes al exterior para traer plata sin declarar, un delito de competencia federal. Por eso la Justicia local envió la documentación al juzgado de Rago Gallo, quien le corrió vista al fiscal para evaluar si había elementos suficientes para iniciar una investigación. Maldonado consideró que sí e hizo el requerimiento.