En Angaco, una beba con problemas neurológicos y tres hermanos que están en los primeros grados de la escuela primaria están en proceso de adopción con un abuelo biológico y su actual pareja.
Porque la mujer demostró iniciativa en que los hermanos no se separen, sin importar las carencias económicas que viven, y en respetar fielmente el tratamiento que debe realizarse a la beba para que pueda recuperar la movilidad, es que su historia llegó al Juzgado de Paz de esa localidad, a cargo de Mabel López, quien encontró el destino para una cuna con una particular historia.
La magistrada comenzó a aplicar desde hace dos años un nuevo tipo de sanción para autores de contravenciones, al notar que las reincidencias eran usuales. Si se les aplicaba días de prisión, en algunos casos hasta lo tomaban como una época en que iban a comer regularmente. Y si la pena era una multa económica, no las pagaban y tampoco poseían bienes significativos para ser ejecutados. La mayoría de los casos correspondía a disturbios en la vía pública, riñas y problemas de adicciones.
López comenzó a imponer que realizaran trabajos de utilidad pública.
Así fue que en 2017 tuvo el caso de un hombre, menor de 40 años de edad, que volvía por séptima vez a tener que afrontar cargos. En su prontuario figuraban delitos contra la propiedad privada, portación de arma blanca y era habitual que se involucrara en peleas, en estado de ebriedad, la razón por la que volvía a estar frente a un juez.
La magistrada compartió su método. Pregunta primero qué oficio puede realizar el acusado, quien generalmente no nombra ninguno. Entonces, junto a su equipo, que conforman Tatiana Navarro y la doctora Claudia Ruiz, apela a la red que integra con el hospital, la comisaría y la municipalidad y allí encuentra la necesidad de un trabajo de bien público. Lo impone al acusado y si éste no cumple, pasará un tiempo entre rejas.
En este caso, con el prontuario a la vista, y sabiendo por otro lado de las necesidades materiales de una joven embarazada, bajo tratamiento por una enfermedad crónica y con antecedentes en la familia de una vida promiscua, la jueza decidió imponer al infractor que fabricara una cuna si no quería volver a prisión.
En agosto de 2017 la cuna fue entregada en óptimas condiciones pero lamentablemente no pudo ser utilizada, ya que el bebé dejó de existir por una muerte súbita a principio del año pasado.
La cuna quedó en guarda judicial hasta que López se enteró de la mujer que tramitaba la adopción de los nietos de su marido y encontró el destino.
López aseguró que además de aportar un elemento que ayuda a personas con necesidades, la sanción de tareas comunitarias provocó una notoria disminución de reincidentes de contravenciones. Un ejemplo es el constructor de la cuna, quien no volvió a infringir al ley. López afirmó que en los últimos dos años ordenó realizar trabajos en 10 casos y sólo se produjeron dos reincidencias, en temas muy leves, un resultado que evalúa como muy positivo.
“En otros casos, hemos ordenado que se realicen tares de desmonte y de actividades en la escuela granja. El balance siempre ha sido favorable”, completó.