Las instalaciones que inaugurarán hoy en Rivadavia acumularán tanta basura como historia. Es que la planta de tratamiento de residuos sólidos, que procesará y reciclará unas 600 toneladas diarias provenientes de 8 departamentos, viene a ponerle cierre a un larguísimo proceso de decisiones a medias, indefiniciones, peleas políticas y polémicas arraigadas a lo largo de 15 años de pulseadas para encontrarle la vuelta al gran monstruo de la basura urbana.
Fue precisamente en abril de 1996 cuando un acuerdo político entre la provincia y seis municipios pretendía darle fin a la vieja costumbre de acumular y enterrar los desperdicios en grandes baldíos desperdigados por San Juan. En ese momento se decidió construir una planta de tratamiento de residuos, que recibiera la basura de Capital, Rawson, Chimbas, Santa Lucía, Pocito y 9 de Julio, para procesarla en el Cerrillo Barboza, ubicado en Rawson. El anuncio fue hecho a toda pompa, inclusive con una promesa de inversión de 1,8 millones de dólares para sus instalaciones. Pero el globo se pinchó: afloraron internas políticas entre los intendentes y, para colmo, la UNSJ hizo un estudio en el que determinó, de forma lapidaria, que lo que se estaba haciendo en el Barboza (más lo que pensaba hacerse) representaba un grave daño para el medio ambiente.
El clima no era el mejor. La alternativa que comenzó a barajarse, hasta convertirse en un proyecto oficial casi un año más tarde, fue insistir con la planta de tratamiento, pero en Santa Lucía. Esto produjo un enfrentamiento entre el municipio santaluceño, que apoyaba la idea de contratar una empresa norteamericana, y su par rawsino, que estaba totalmente en contra.
Mientras tanto, el vertedero de calle 5 y Pellegrini, en La Bebida (precisamente donde inaugurarán hoy la planta), se consolidaba como el gran receptáculo de residuos urbanos. Pero esto traía consigo una arista social tan conflictiva como las peleas por la administración: las postales de familias enteras viviendo del cirujeo, y niños colgados de los camiones y revolviendo en el piso para buscar comida, se transformaron en un ícono recurrente y lamentable.
El reclamo social se sumó entonces a la necesidad ambiental de manejar mejor la basura. En el año 2000, durante la gestión de la Alianza, hubo un amague de cerrar algún predio para convertirlo en base de tratamiento de residuos. Pero nunca hubo financiamiento. La idea fue reciclada en 2004, esta vez con un proyecto técnico abrochado, pero tampoco hubo plata.
Ya en 2006, en Medio Ambiente hubo una ofensiva para tratar la basura, con vistas a que podía generar contención social, producir biocombustible y reciclar residuos inorgánicos para su venta. El costo del proyecto ya ascendía a 25 millones de pesos, y se acudió a las buenas relaciones con la Nación para el financiamiento.
Ese fue el germen definitivo para la planta a inaugurar hoy, que emplea a 100 trabajadores (entre ellos 58 ex cirujas), costó 26 millones de pesos que serán amortizados en 18 meses, cobrará 40 pesos por tonelada recibida a cada municipio y empresa privada, y arrancará reciclando y vendiendo el 15 por ciento de la basura, con vistas a superar el 50 por ciento en el futuro.