Una investigación abierta hace dos años contra cambistas acusados de lavado de dinero se ha convertido en una bola de nieve en Brasil. La investigación fue bautizada ‘Lava Jato‘, como en Brasil se conocen los servicios de lavado a chorro de los automóviles, debido a que los primeros lugares allanados fueron gasolineras que los cambistas usaban como tapaderas para el lavado de dinero. Pero el juez Sergio Moro descubrió que el dinero blanqueado provenía de desvíos de la petrolera estatal Petrobras. A partir de ese momento, la Lava Jato se convirtió en ‘la mayor investigación contra la corrupción en Brasil‘.
Según los fiscales, una veintena de empresas se repartía entre sí todos los contratos de Petrobras. Las constructoras sobrevaloraron los contratos con la complicidad de directores de la estatal y repartieron los excedentes entre los funcionarios sobornados y decenas de políticos, alega la Fiscalía. La lista incluye a partidos opositores, pero salpica principalmente a los
oficialistas y de manera directa al Partido de los Trabajadores (PT), la formación que el expresidente Lula ayudó a fundar y a la que también pertenece la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Según el semanario Istoé, un senador acusó tanto a Rousseff como a Lula de tener conocimiento de la corrupción en Petrobras y de
intentar ocultarla con maniobras en la justicia. Según la Fiscalía, hay indicios ‘bastante significativos‘ de que Lula recibió beneficios de las cinco empresas más implicadas en los desvíos de Petrobras.