Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados a prisión perpetua y 25 años de cárcel, respectivamente, se fugaron el 25 de julio pasado luego de conseguir una autorización para ser trasladados más de mil kilómetros hasta el penal de Marcos Paz, primero, y luego al Hospital Militar. La fuga derivó en el pase a retiro de siete militares y a disponibilidad de los siete penitenciarios que participaron del traslado, además de una serie de medidas para impedir que los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad sigan siendo asistidos en unidades médicas de las Fuerzas Armadas. Además, el Estado ofreció una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información sobre los prófugos y en San Juan hubo una marcha para exigir a los tres poderes “medidas conducentes para recapturar a los prófugos”.
