�De los 12 acusados de haber tenido participación en una red sospechada de inflar los valores de los terrenos que pagaba el Estado provincial por los juicios de expropiaciones, el único que no fue detenido el viernes fue el abogado Horacio Alday.
Según su abogado defensor, Fernando Echegaray, no se encontraba en la provincia, pero estaba dispuesto a comparecer si la jueza María Inés Rosellot le concedía la eximición de prisión, trámite que hasta ayer no se cumplía.
El letrado fue socio de Santiago Graffigna, que era el abogado que llevaba todas las causas cuestionadas, en un estudio que también atendía algunos expedientes de expropiaciones. Pero después se disolvió esa sociedad, aunque en su estudio encontraron un expediente original de los que se habían extraviado en la causa Carbajal.
En el marco de la investigación, la jueza Rosellot le habría atribuido a Alday ser el jefe de la asociación ilícita, según dijeron ayer fuentes judiciales. Por ese motivo, el fiscal de la causa, Carlos Rodríguez, se habría opuesto a que le concedan el beneficio. Pero hasta anoche la magistrada no había resuelto la situación del letrado, a pesar de que Echegaray había presentado un escrito solicitando el pronto despacho de la magistrada.
A Alday le atribuyen la participación en una asociación ilícita, una figura legal que implica que un grupo de 3 o más personas, en la que está definida el rol de un jefe y sus miembros, se dedican a cometer delitos. Pero no es el único delito que le atribuyen. El otro es fraude en perjuicio de la administración pública.
Los caminos posibles para Alday son que le concedan la eximición de prisión, en cuyo caso su abogado dijo que se va a presentar, o que se la nieguen, en cuyo caso la defensa pueda apelar.