�El punto clave de la negociación con los buitres -si es que se puede avanzar en ella- es evitar que entre en vigencia la cláusula RUFO, que figura en los contratos con los bonistas que entraron al canje, y cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año. Esa cláusula establece que la Argentina no puede hacer una mejor oferta que la que le hizo a los que entraron al canje -el 92,4% de los tenedores de los títulos defaulteados- a los otros acreedores que no ingresaron en esa negociación, que son el 7,6%. De ese porcentaje, alrededor del 1% -los fondos buitres- son los que litigaron y le ganaron a la Argentina una indemnización del 100 por ciento del valor nominal de los bonos defaulteados.
