San Juan ya tuvo un seguro de este tipo que manejó el gobierno durante 48 años desde que se creó en 1946 hasta que fue disuelto hace 15 años, en 1994. Nació con el nombre de Consejo de la Protección a la Producción Agrícola, aunque todo el mundo lo llamó Agrovitícola. Fue creado en 1946 en San Juan por la ley 1024 y funcionó hasta que fue disuelto en 1994 luego de que los mismos productores aceptaron por mayoría su liquidación en una asamblea que organizó el gobierno. El organismo se sostuvo con un descuento obligatorio que se le efectuaba a viñateros y olivicultores, del 5 por ciento sobre el total de la cosecha de cada año. Ese monto servía para pagar seguros por los daños causados por lluvias, granizo u otras inclemencias del tiempo. Sin embargo, con el paso de los años y debido a que muchas veces no se producían siniestros y lo mismo tenían que pagar, los mismos productores pidieron su desaparición. El argumento fue que les costaba caro, les complicaba la vida con papeleos y, para colmo, recibían un mal pago cuando les caía piedra o helaba en sus parrales o en las plantaciones de aceitunas. Cuando fue liquidado, quedó un remanente de 5 millones de pesos que nunca apareció. Años después la Fiscalía de Estado demandó a 1.500 productores que no pagaron el seguro correspondiente a la cosecha del año 1993. A diferencia de aquel seguro donde los productores debían pagar una prima obligatoria, ahora es el gobierno el que se hace cargo de la cobertura básica. Curiosamente, en los últimos años los productores volvieron a pedir su retorno. El año pasado por ejemplo, los viñateros locales sufrieron enormes pérdidas por constantes granizadas y luego por las enfermedades de humedad que provocaron las sistemáticas lluvias que se produjeron desde el mes de noviembre.
