El festejo del cumpleaños número 90 de Jorge Pascual Recabarren, conocido como Jorge Darío Bence, el Aparcero Mayor de Cuyo, terminó con una causa penal contra las 24 personas que participaron, debido a que infringieron las normas sanitarias por la pandemia que impiden la aglomeración de gente para evitar los contagios. Los imputados enfrentarán hoy la audiencia inicial en el procedimiento de Flagrancia, el enjuiciamiento exprés para las personas que son descubiertas mientras cometen un delito, y sus abogados acordaron con las fiscales Virginia Branca y Claudia Salica el beneficio de la probation, según trascendió, es decir, la realización de tareas comunitarias y el pago de una suma simbólica a cambio de evitar un juicio y una eventual condena. El resultado refleja un cambio con respecto a la llamada Fiesta VIP, proceso en el que se rechazó la suspensión del juicio a prueba, aunque fuentes judiciales explicaron los motivos. En líneas generales, el festejo se hizo en una fase distinta de prevención contra el coronavirus y quedó reducido a un ámbito "exclusivamente familiar", indicaron desde el Ministerio Público, al igual que consideraron que la cantidad de invitados fue "escasa".

El cumpleaños del aparcero mayor se celebró el 3 de noviembre en una parrillada de Santa Lucía y fue un llamado anónimo al 911, sobre las 3 de la mañana, el que alertó sobre la concurrencia de personas, lo que terminó con la intervención de la Policía y 24 demorados en la Comisaría Quinta. El caso cobró relevancia no sólo porque se encontraba una figura del ambiente artístico local, sino que también participó Lucas Pringles, el coordinador de Producciones Artísticas del Ministerio de Turismo, quien luego reconoció su error, pidió disculpas y presentó la renuncia a su cargo, la que fue aceptada por la ministra Claudia Grynszpan. Además, estuvo presente Marcelo Raúl Antuña, un hombre que tenía pedido de captura por falsificar documentos de un vehículo, habían informado tanto fuentes policiales como judiciales.

El caso trae a colación la denominada Fiesta VIP, en la que participaron más de 50 jóvenes, de los cuales, 48 enfrentan el juicio (ver recuadro). En el Ministerio Público explicaron que el festejo de Recabarren se produjo cuando la provincia se encuentra en una fase de distanciamiento social distinta a la de la Fiesta VIP, ya que esta se trató de un evento clandestino en una etapa con mayores restricciones luego del pico de casos que estalló en Caucete y Santa Lucía.

Por otro lado, las fuentes indicaron que el hecho se trató de un cumpleaños "casi exclusivamente familiar", por lo que "el peligro creado ha sido mínimo". En ese marco, destacaron que "si bien implicó una transgresión a las medidas destinadas a contener las posibilidades de propagación de la epidemia, el riesgo generado quedó reducido a quienes tomaron intervención en el evento puntual". Así, marcaron la diferencia con la Fiesta VIP, en la que estuvieron presentes jóvenes de distintos lugares.

Además, las fuentes indicaron que "la actividad" desarrollada, "en otro horario y número de personas, estaba habilitada", a diferencia del evento top, que fue clandestino. Así, pese a los 24 intervinientes, resaltaron que hubo un "acotado número, en su mayoría miembros del mismo grupo familiar". Por eso, dijeron que "se aprecia que la actividad desplegada por los imputados revela una gravedad menor, porque implica la realización de una actividad de menor posibilidad de transmisión del virus, lo que representa menos peligro para los grupos de riesgo".

Camino a la Corte

Los 48 jóvenes imputados de participar en la Fiesta VIP recibieron un rechazo de los fiscales Iván Grassi y Claudia Salica con respecto al pedido de probation. Así, los agentes del Ministerio Público no llegaron a un acuerdo con los abogados defensores, por lo que el juez de Flagrancia, Eduardo Raed, denegó el beneficio.

Los profesionales apelaron y la causa le cayó al juez de Cámara Juan Bautista Bueno, quien actuó como magistrado del Tribunal de Impugnación. Bueno también rechazó el beneficio, debido a que resaltó que son los fiscales los que fijan la política de persecución criminal y los que deben acordar con los defensores los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Si ese arreglo no se da, los jueces no pueden conceder el régimen. Los abogados indicaron que acudirán a la Corte de Justicia y algunos apuntan a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante un eventual revés.

Detalles del juicio
 

La audiencia inicial en la causa Recabarren será hoy a las 9.30 en el Teatro Municipal. El proceso será presidido por el juez de Flagrancia Carlos Lima. Los imputados contarán con la asistencia de un defensor oficial y de dos abogados particulares, revelaron fuentes judiciales.