El mando. Una de las principales incógnitas sobre el futuro de YPF es cómo será el gerenciamiento de la compañía a partir de su nuevo status. Es decir, quién quedará a cargo de la conducción y toma de decisiones. El Gobierno, como accionista mayoritario, tendría la potestad de elegir. La duda radica en si se inclinará por un técnico en el área de hidrocarburos o priorizará un perfil político.
Inversiones. Fue la clave para pensar en una reestatización. Argentina atraviesa por una etapa crítica en materia de energía: pasó de autoabastecerse a depender de la importación de la energía. Par comprar energía en el exterior, destinó el año pasado cerca de 10.000 millones de dólares, cifra que pasaría a 13.000 millones en 2012. Estas compras presionan al dólar y a la balanza comercial.
Más fondos. Con el aumento de su participación en la petrolera, el Estado debería destinar más fondos a la exploración de hidrocarburos. Se cree que, sólo en gas, se necesitan 2.300 millones de dólares al año. En los últimos 5 años, YPF prometió desembolsos globales por 4.370 millones de dólares y no pudo hacerlos. La pregunta es si podrá hacerlo el Gobierno y las provincias.
Las naftas. Lo que más inquieta a los consumidores del futuro de YPF es si una reestatización de la petrolera tendría impacto en el abastecimiento y el precio de los combustibles. Un cambio en la compañía no necesariamente redundaría en una baja en el precio en los surtidores. En lo que va del año, el gasoil y las naftas ya sumaron un 15% de incrementos y aún así la provisión sigue siendo insuficiente.
Represalias. Aunque el Gobierno se ocuparía de que los cambios en el paquete accionario de Repsol YPF tengan la venia del Congreso (donde posee holgada mayoría en ambas cámaras), el país no quedaría al margen de eventuales sanciones económicas internacionales. Una denuncia de España ante organismos internacionales podría significar la expulsión de Argentina del poderoso Grupo de los 20.
