En el IPV hay alrededor de 200 casos de personas que salieron sorteadas en septiembre de 2009 y que no fueron aprobadas por el Instituto, lo que daría lugar a la entrada del suplente para recibir la vivienda. Así lo dijo ayer el titular del IPV, Vicente Marrelli, quien aclaró que todavía no está firme la desaprobación porque los preadjudicatarios cuestionados tienen derecho a recurrir la resolución de baja y el Departamento Legales dirá si tienen o no razón. Se trata de la operatoria de 2.271 viviendas para demanda libre financiadas por el Plan Federal II que hasta ahora lleva entregados 10 barrios, los últimos tres esta semana, cuando visitó la provincia la presidenta Cristina Fernández.
“Estamos con el tema de los titulares que hemos tenido que dar de baja porque hay situaciones irregulares que no cumplen las condiciones del IPV o tienen bienes que no podemos nosotros aceptarlo porque con esos bienes pueden dar solución a su problema habitacional y le damos prioridad a los que no tienen nada”, aseguró el funcionario. Agregó entre las objeciones que encontraron en los sorteados que “a veces no cumplen las condiciones de un familiar, a veces no viven en la provincia” y aseguró que aún no entra ningún suplente porque “son casos que deben analizarse legalmente” y que se termina de ver cuando se entreguen los últimos barrios.
Por su parte, el secretario de Obras, Carlos Gil, se refirió ayer a los barrios para la CGT -1.300 casas en total- y habló de un cambio de planes en la fuente de financiamiento: “Ante la demora de cumplimentar los trámites de Anses, nosotros desde el Gobierno de la Provincia hemos empezado a construir algunos barrios pero esto no significa que se hayan abandonado las expectativas de trabajar con Anses. En realidad hubo una instrucción de Anses de pasar todo a mejor vivir pero estamos trabajando en meter los barrios de Anses en otro programa que se llama Techo Digno, similar al Federal II”. De todos modos, el funcionario aseguró que los fondos para cumplir con los barrios para los gremios “están garantizados, porque existe un compromiso y se presentó toda la documentación en Buenos Aires con lo que se iba a ser con los fondos de Anses. La modificación que se pueda hacer del financiamiento no modifica para nada el compromiso”.
