El Gobierno facultó ayer a la Secretaría de Medios de Comunicación a negociar con los propietarios de las empresas periodísticas la cancelación de sus deudas fiscales y previsionales que corresponden a obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2008. Las deudas serán condonadas “mediante la dación en pago de espacios publicitarios”, según el decreto 1145 publicado en el Boletín Oficial. El mismo mecanismo se aplicará para cancelar las multas aplicadas por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) por transgresiones a las disposiciones legales en materia de radiodifusión. La decisión se toma en medio del debate por la ley de medios audiovisuales que el Gobierno pretende aprobar antes del 10 de diciembre, cuando el oficialismo perderá la mayoría parlamentaria. En los fundamentos del decreto se argumentó que “los medios de comunicación constituyen un pilar fundamental de la estructura democrática, que es deber del Estado nacional fomentar y apoyar”. Y se indicó que “frente a la actual crisis internacional, el Gobierno nacional se encuentra abocado a sostener la actividad de los sectores más afectados, considerando particularmente la problemática que aqueja a cada actividad”. Por ello, juzgó “indispensable que los medios de comunicación, en su totalidad, puedan continuar libremente generando contenidos que contribuyan al mantenimiento inalterable del derecho a la información, como condición insoslayable del fortalecimiento de los principios democráticos”. La presidenta Cristina Fernández había anunciado la decisión el pasado 27 de mayo, durante un acto en la Casa Rosada. La AFIP deberá informar a la Secretaría de Medios el detalle de las deudas, incluidos los intereses resarcitorios y punitorios devengados hasta la fecha de presentación de las respectivas adhesiones. La Secretaría “aprobará el valor de los espacios publicitarios cedidos y arbitrará los mecanismos administrativos que permitan establecer las compensaciones de las daciones en pago”, se consignó. Asimismo, “los titulares de los medios de comunicación deberán facturar electrónicamente los servicios que presten en cumplimiento de los acuerdos suscriptos y exteriorizar en sus declaraciones juradas el IVA que recae sobre los citados servicios de publicidad, en los períodos fiscales en que corresponda imputar”. El Gobierno instruyó a la AFIP “arbitrar las medidas necesarias para suspender todas las actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas tendientes al cobro de las deudas a que se refiere el presente decreto”. No obstante, advirtió que “el incumplimiento de la cancelación de las referidas deudas de acuerdo con el procedimiento acordado por las partes, implicará la reanudación de las respectivas acciones destinadas a su cobro”. El decreto lleva la firma de la presidenta; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Economía, Amado Boudou.
